El Procurador General de la República consideró ayer que el pleno de la Suprema Corte de Justicia debería de abstenerse de conocer un recurso de insconstitucionalidad presentado en contra de la ley que limita a 75 años la edad máxima para ser miembro del Tribunal Constitucional.
Radhamés Jiménez Peña sugiere a los miembros de la Suprema Corte que se le permita conocer esa acción al Tribunal Constitucional, cuyo proceso de designación ya ha sido iniciado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), del cual él forma parte. “Somos de opinión de que, por razones de prudencia y oportunidad, la Suprema Corte de Justicia debería abstenerse de conocer directamente dicha acción, permitiendo que sea el Tribunal Constitucional, cuyo proceso de designación ya ha sido iniciado por el Consejo Nacional de la Magistratura, el que conozca y resuelva este asunto”, expresa Jiménez Peña en la correspondencia dirigida a los jueces del alto tribunal.
Manifestó que de ese modo se evitaría cualquier tipo de cuestionamiento que legítimamente pudiera surgir como consecuencia de la decisión que adopte la actual Suprema Corte de Justicia, cuyas atribuciones como Tribunal Constitucional están a punto de concluir.
La opinión del jefe del ministerio público fue emitida a través de la comunicación número 04643, dirigida al presidente de la Suprema, Jorge Subero Isa, y los demás jueces que integran el máximo tribunal judicial del país.
Empero, Jiménez Peña dice estar de acuerdo con el dictamen emitido por la procuradora general adjunta, Casilda Báez Acosta, y enviado a la Suprema Corte, el cual no precisó si era favorable o no a que se declarara la inconstitucionalidad.
En su dictamen, el Procurador hace referencia a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por los doctores Manuel Labourt, Miniato Coradín y Guillermo Antonio Soto Rosario en fecha 27 de julio del presente año, contra el numeral 5 del artículo 13 de la Ley 137-11, modificada por la Ley 145-11.
SUBERO FIJA AUDIENCIA PARA EL 9 DE NOVIEMBRE
La audiencia del recurso de inconstitucionalidad fue fijada para el 9 de noviembre por el presidente de la Suprema Corte, Subero Isa, luego de ser apoderado del dictamen de la Procuraduría General de la República. En torno a este caso también presentó un recurso de inconstitucionalidad la Fundación de Padres de Niños de Colegios Privados y Escuelas Públicas (Fedepadres), a través de los abogados Frank Reynaldo Fermín, Carlos Balcácer y César Alejandro Guzmán Lizardo. Otro recurso, que también busca la nulidad del artículo 13 de la ley que crea el Tribunal Constitucional, fue presentado por el Colegio de Abogados, seccional Bonao, de la Asociación de Abogados de Monseñor Nouel (Asamon) y la Fundación Jurídica de Monseñor (Fundeju).
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