Tres connotados juristas calificaron ayer de correcta la posición del presidente Danilo Medina, en el sentido de que no puede intervenir en el caso de los haitianos que reclaman la nacionalidad dominicana, ya que compete a un poder del Estado distinto al Ejecutivo.
Los doctores Olivo Rodriguez Huertas, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Justicia y Transparencia (Finjus), y Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, se mostraron de acuerdo con la posición del jefe del Estado, ante el pedimento que le hicieran representantes del Sistema de las Naciones Unidas en el caso de los haitianos que reclaman la nacionalidad dominicana.
En opinión del abogado Huertas, a quien corresponde aplicar el marco jurídico en la materia, en el sistema constitucional dominicano, es en primer lugar a la Administración del Estado Civil, que está bajo la responsabilidad de un ente con autonomía constitucional respecto del Poder Ejecutivo, como lo es la Junta Central Electoral.
Manifestó que cualquier decisión arbitraria o ilegal en esa materia debe ser dirimida por los órganos jurisdiccionales del Estado competente.
El abogado señalo, no obstante, que es correcto que instancias oficiales supranacionales expongan esta inquietud al jefe del Estado, ya que es él quien tiene la representación del Estado Dominicano en el plano internacional.
A su juicio, la solución al problema de la nacionalidad de personas cuyos padres son de ascendencia haitiana, no puede ser planteada de manera colectiva, sino que caso a caso, los interesados deben hacer sus reclamos y en caso de no ser atendidos ejercer las acciones correspondientes ante los tribunales.
En tanto que Pontenini dijo que el tema haitiano es estrictamente constitucional y legal ya que otros estamentos tienen la última palabra, atendiendo a los procedimientos legales.
Explicó que el tema es la competencia de los tribunales de a República, al Poder Judicial y el Tribunal Constitucional (TC), como tribunal de garantía constitucionales.
“Ciertamente el presidente Medina, no tiene competencia ninguna, ni capacidad de injerencia, porque es un tema que sale de su manos, de su ámbito y de acción en relación lo que son sus facultades que se lo asigna el artículo 128 de la Constitución de la República”, dijo Pontentini.
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