Santo Domingo
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, aseguró que en cada uno de los casos de presuntas violaciones sexuales por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica, el ministerio público actuará conforme a las leyes y el debido proceso en procura de justicia.
Dijo que es deber del ministerio público procurar que cualquier infracción o daño que se cometa, en caso de violaciones o delitos, sea resarcido en la forma que establece la legislación, sin importar el estatus del imputado.
En lo referente al recién destituido nuncio apostólico Józef Wesolowski, dijo que se abrió un proceso de investigación para determinar responsabilidades de conformidad con las normas de derecho nacional e internacional, dada su condición de diplomático
Dijo que fue designado el magistrado Bolívar Sánchez, procurador general adjunto, para que sea el encargado de la dirección de esa investigación.
En torno al caso del padre Juan Manuel Mota de Jesús (Johnny), el procurador expresó que existen procesos de investigación en curso, en donde se han completado interrogatorios de los denunciantes, tras afirmar que durante esta semana el ministerio público trabajará intensamente para determinar la veracidad o no de la denuncia en su contra.
Dijo que el procurador de la Corte de Apelación de La Vega, Víctor González es el responsable del proceso de investigación que se están llevando en Constanza y que lo hará de acuerdo a las normas
En cuanto al sacerdote polaco, Wojciech Gil Alberto, acusado de violar a varios menores de edad, dijo que el jefe del ministerio público solicitó su declaratoria de rebeldía para poder implementar la captura internacional, pero que un juez de Santiago rechazó esa petición, la cual fue apelada y espera que sea revocada por la corte.
Dijo que han contado con el respaldo y cooperación de la Iglesia Católica para que prevalezca la verdad y la justicia que son valores claros de la convivencia humana, a los fines de que el imputado se presente ante las autoridades competentes.
Señaló que la ciudadanía en general puede estar segura de que no permitirán que nadie se escude en la bien ganada reputación de la Iglesia Católica y otras instituciones religiosas para cometer actos reñidos con la ley y pretender impunidad, tras señalar que agotarán todos los recursos, procesos e instancias necesarias para hacer que prevalezca la justicia.
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