Censo Nacional, crónica de un fracaso esperado

El fracaso en el inicio de los trabajos para la Celebración del Noveno Censo Nacional de Población y Vivienda en la fecha programada era la crónica de una muerte anunciada. Los cuestionamientos sobre su montaje, que desde un primer momento se consideraron apresurados, así como en torno a la empresa que tendría a su cargo los trabajos, no se hicieron esperar.



El censo estaba previsto para iniciar este miércoles pero a causa de la tardanza en la entrega de los materiales, así como de recursos para la dieta de los 60 mil empadronadores, los trabajos fueron pospuestos para el próximo miércoles por el presidente Leonel Fernández mediante el decreto 649-10.

Fernández también derogó el decreto 578-10 emitido 16 de octubre pasado que declaró de urgencia la realización del censo, y dispone su realización del primero al siete de diciembre, durante lo cual se efectúa el normal desarrollo de actividades públicas y privadas.

Con la posposición del censo, el Gobierno no hizo más que reconocer la necesidad de un plazo mayor ''para la concatenación de los distintos procesos que la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) ha puesto en marcha para asegurar la calidad en las etapas de distribución de materiales, trabajos de terreno y procesamiento de datos''.

Previamente el director de la ONE, Pablo Tactuk, había anunciado que por la falta de materiales para distribuir, se decidió posponer la recopilación de datos, pese a que alegadamente ''todo está listo para arrancar hoy''.

Reconoció que todavía faltaban materiales por distribuir y que por ello prefieren garantizar que los materiales lleguen a tiempo a cada una de las provincias; y garantizó que a todos se les pagará la dieta y el monto acordado por la labor que hasta el momento han realizado.

Aclaró, empero, que en el caso de los empleados públicos, sus respectivas instituciones harán el pago y que la ONE sólo pagará la dieta. Desde tempranas horas, decenas de llamadas se produjeron a la emisora Z101, dando a conocer los inconvenientes para el inicio del los trabajos.

Si bien los ocho censos anteriores realizados desde 1920 se produjeron en intervalos de diez años, y, de doce en una ocasión, como ocurrió con los celebrados entre 1990 y 2002, esta vez las autoridades evidenciaron una extraña celeridad por llevar a cabo el recuento y análisis de la cantidad y nivel socioeconómico de la población.

La escogencia del Consorcio Sinergit-Active Software para el montaje del censo, que desde un primer momento se vinculó a la quebrada Datocentro, fue cuestionada por algunos sectores no sólo por el riesgo sobre la realización y entrega final de los resultados, sino por el mecanismo de selección de esa firma.

Sinergit fue creada por antiguos acreedores de Datocentro, empresa que organizó el Censo Nacional en 2002. El presidente del Consejo es Mario Cabrera, mientras que José Ramón Martínez y George Brache, vicepresidentes ejecutivos.

Y a causa de la tardanza y escasa confiabilidad en la entrega de los resultados, así como por problemas legales que Datocentro enfrentó posteriormente, algunos conocedores de la materia aún albergan un amargo.

Sinergit ganó la licitación que convocó la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), la cual fue anulada días después mediante la resolución 16-2010 por el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Erick Hazim.

No obstante, Cabrera defendió desde un primer momento la legalidad de la contratación del Consorcio, aduciendo que fue la ONE la que, por la urgencia, sobrepasó el umbral, al ejecutar una licitación internacional restringida.