El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, advirtió este lunes que el organismo que dirige no está en disposición de pagar dinero que se deba a la empresa Indra Sistemas, S.A., proveedora de equipos tecnológicos usados en las pasadas elecciones del 2016 hasta tanto concluya la investigación que se hace al respecto.
Dijo que el informe técnico y los que les rindieron los organismos de observación, arrojaron que el desempeño de esos equipos no fue el deseado y por lo tanto, el organismo que dirige tiene una insatisfacción.
“Esta institución no está en disposición de hacer el pago correspondiente hasta tanto todo esto no se aclare; estamos sí en lo que tiene que ver con este asunto a la espera del informe final de la Cámara de Cuentas, informe que todavía, hasta donde tenemos entendido, una fecha en particular, pero que para tomar la decisión que deba tomar debe esperar eso”, explicó.
Luego de que la Junta pagó más de 20 millones de dólares por los equipos, ahora existe un requerimiento de pago del 2 de noviembre por casi 14 millones de dólares.
“Como este contrato cumpliría de firmado dos años el día 5 de diciembre del año 2017, si nosotros queremos que quede bien claro, que como el artículo del Código Civil que tiene que ver con prescripción de la responsabilidad contractual, ese artículo dispone que son dos años, lo cierto es que la Junta hará y hace por intermedio mío, las formales reservas correspondientes a que ese plazo de prescripción legal que tapa la responsabilidad contractual queda formalmente interrumpido, tanto con las palabras que está diciendo el presidente de esta institución, así como cuando se formalice a través de las vías correspondientes”, explicó durante un encuentro con la prensa.
Subrayó que luego de recibir el informe de la Cámara de Cuentas, el organismo que dirige agotará todas las vías amigables que corresponden a una buena y adecuada conversación entre personas civilizadas y respetando los derechos del co-contratantes, Indra Sistemas, pero también en la defensa de la Junta Central Electoral.
Aclaró que en el organismo no hay arbitraje, “lo que sí está claro es que el contrato firmado el 5 de diciembre del año 2015 habla claramente de que la jurisdicción que eligieron las partes es aquí en la República Dominicana, Tribunal Superior Administrativo, ante la eventualidad de que este diferendo tenga un desenlace judicial, lo cual todavía sería, en todo caso, precipitado e inoportuno, una vez le quedan a las partes vías para llegar a una solución del diferendo antes de agotar la vía judicial”
Sin embargo, dijo que si se agotasen, la jurisdicción es el Tribunal Superior Administrativo.
Por otro lado, de manera formal proclamó que la JCE es soberana en la decisión que tome sobre el caso.
“Además de eso, esta Junta Central Electoral es incorruptible, es ingobernable, nadie absolutamente nadie, puede pretender ponerle directrices a esta institución, es absolutamente soberana, absolutamente incorruptible y absolutamente ingobernable”, resaltó Castaños Guzmán.
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