A pesar de intensas jornadas de trabajo en las últimas horas con sesiones de la Cámara de Diputados de hasta 13 horas corridas, concluye la primera legislatura ordinaria sin la aprobación de los controversiales proyectos de ley de Código Penal de la República Dominicana y el de Trabajo.
El proyecto de Código Penal quedó sobre la mesa para la legislatura extraordinaria convocada ayer por el Poder Ejecutivo a sugerencia del presidente de ese organismo, Alfredo Pacheco, mientras el de Trabajo perimió, por tanto, habría que esperar una próxima legislatura para ser introducido nuevamente.
Ayer en la tarde, el presidente Abinader emitió el Decreto 409-25, mediante el cual convoca al Senado de la República y a la Cámara de Diputados para que se reúnan, de manera respectiva, en legislatura extraordinaria, durante el período comprendido entre el 27 de julio de 2025 y el 15 de agosto de 2025, con el propósito de conocer los proyectos de ley pendientes, así como cualquier otro que le someta el Presidente de la República o que sea introducido por iniciativa propia del Congreso Nacional o de otro órgano constitucional dotado de iniciativa legislativa.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que la comisión coordinadora de comisiones decidió que el Código de Trabajo fuera dejado para revisar los acuerdos tripartidos a que se llegó con miras a reintroducirlo en la próxima legislatura ordinaria, que inicia el 16 de agosto próximo.
El Penal
Luego que la Cámara de Diputados recibiera del Senado el Código Penal, el pasado miércoles, lo conoció en primera lectura, donde fue leído íntegramente, pero no pudo ser refrendado en segunda lectura, tras descubrirse serios errores que no fueron observados por el Senado, sobre violaciones a derechos ciudadanos por parte de autoridades y otros.
Pacheco consideró que era imposible conocer el CP ayer en las condiciones en que se encontraba la pieza y que la operación en la que había que someterlo era profunda, por lo que lo recomendable era aplazarlo para continuar su observación.
Para tales fines, se escogió una comisión de diputados y senadores para una revisión completa de la pieza, conjuntamente con técnicos de la Procuraduría General de la República (PGR) y otros asesores.
Entre los diputados figuran Wandy Batista, presidente de la Comisión de Justicia, Eugenio Cedeño, Carlos de Pérez, Mayobanex Martínez, Carolin Mercedes y Sandro Sánchez.
Todavía a mitad de la sesión, la comisión se encontraba trabajando junto a la PGR, encuentro en el que llevaban más de 100 artículos del proyecto revisado.
El diputado por la Romana, Eugenio Cedeño, reveló que de acuerdo a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, desde el punto de vista material, no era posible aprobar el Código Penal en la presente legislatura.
Explicó que lo importante es que la pieza no perima y que el presidente de la República apeló a su facultad de convocar a legislatura extraordinaria, hasta el próximo día 5 de agosto.
Afirmó que los aportes de la PGR al proyecto de CP han sido sustanciales, por lo que al final saldrá una normativa lo mejor posible para el país.
Informó que la comisión de diputados abogados y los técnicos de la PGR encontraron errores y omisiones que se escaparon al Senado antes de aprobar el proyecto y que ameritan se preste la mayor atención y sean incorporados a la pieza.
Adelantó que con lo que no están de acuerdo es que sean sacados del Código aspectos relacionados con la seguridad ciudadana, garantías ciudadanas, abusos de la autoridad contra particulares, derecho a una llamada, entre otros aspecto sacados de la pieza por el Senado.
De igual modo, la eliminación del artículo 190, sobre garantías al ejercicio ciudadano que se ha querido eliminar, como el derecho a las libertades de expresión, cultos, tránsito y trabajo, los que tienen que ser reincorporados a la pieza, porque fueron retirados por el Senado.
Advirtió que no es verdad que el país podrá vivir bajo un estado policial, tras recordar que éste es un Estado democrático, social y de derechos, conquista de la Constitución de 2010 que tienen que permanecer.
“Si se eliminan esos artículos, el país caería entonces en una especie de estado policial y esas garantías no son para los delincuentes, las garantías que tienen los artículos 290, 297 y 300, no son garantías para la delincuencia y la criminalidad, como han querido darle ese matiz. Mentira, son para los ciudadanos serios”, advirtió.
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