La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) pidió este martes la renuncia del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, por permitir que en su gestión se produjeran actuaciones de jueces que ponen en peligro la institucionalidad del país.
El hecho pudiera provocar, dijo, el colapso total del sistema judicial dominicano, “como se advierte luego de que el propio presidente informara al país que obtuvo la confesión de la suspendida juez Awilda Reyes de que había evacuado fallos por instrucciones de superiores a los que él no identificó, en unos casos y en otro a cambio de dinero, de lo que dijo tener constancia”
“Constituyendo esa acción uno de los mayores y graves escándalos en la magistratura dominicana, ya que de acuerdo a las informaciones que no ofreció el presidente del máximo órgano judicial, fungían como intermediarios jueces y exjueces del sistema”, planteó Julio César de la Rosa Tiburcio, Coordinador General de la entidad.
Dijo que la falta de gerencia, vigilancia, supervisión y fiscalización, como responsabilidad de quien obstante un cargo como ese, constituyen faltas graves en el ejercicio de sus funciones, lo que conforme a la Constitución es la causal para enjuiciar políticamente a los funcionarios electos o designados para un periodo determinado, como es el caso de la especie.
Señaló que ante esta situación lo más saludable para la institucionalidad afectada sería que Germán dimita y que el Consejo Nacional de la Magistratura proceda a escoger su sustituto y de esa forma podría restablecerse la confianza perdida en el estamento judicial, afectado sensiblemente por los desafueros de jueces en todos los niveles, de los cuales no se tiene conocimiento público, como en la jurisdicción penal, por el componente social en el que interviene.
Expresó a través de una nota de prensa que Adocco hace su pedido al enterder que el presidente de la Suprema acaba de dar el tiro de gracia al Poder Judicial al confirmar que la jueza Awilda Reyes Beltré sí recibió dinero para dejar en libertad al regidor por Pedro Brand, Ericsson de los Santos Solís, acusado de encabezar una banda de sicariato; al detallar que una vez que la jueza dispuso la libertad del regidor, la citó a su despacho y fue cuando ella reconoció que había aceptado dinero para resolver el caso; también asegurando que poseen pruebas y que las están tramitando a los órganos investigativos del Poder Judicial y al procurador general del República, Francisco Domínguez Brito, para los fines correspondientes.
También al indicó que Reyes, juez de la Cuarta Sala Penal de Distrito Nacional, le informó que para devolver el avión incautado a uno de los ejecutivo del Banco Peravia, así como la devolución de 20 millones de dólares a la empresa constructora de la Torre Atiemar, vinculada a Arturo del Tiempo, supuestamente obedeció a instrucciones superiores.
De la Rosa Tiburcio emplazó a Germán a identificar a los abogados u oficinas de abogados que inciden en las decisiones judiciales, identificados por la juez suspendida, a quien de paso le fueron cercenados sus derechos y presunción de inocencia, al hacerla firmar una declaración sin estar acompañada de un abogado y justamente el presidente del órgano llamado a garantizar los derechos de los ciudadanos, constituyendo además una falta grave, que al igual que las ya mencionadas, tienen vocación para un juicio político, ante el Senado de la República, luego de la acusación que le corresponde a la Cámara de Diputados.
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