No es la primera vez que los reclusos que fueron beneficiados con permisos de salida por la jueza Katherine Rubio reciben ese tipo de beneficio, de acuerdo a revelaciones de María Garabito Ramírez, jueza presidente de la Cámara Penal de Corte de Apelación del departamento judicial de San Cristóbal, quien deploró la forma en que la Procuraduría General de la República ha manejado el caso.
El dato está contenido en una carta que le envió al magistrado Justiniano Montero Montero, director general de Administración de la Carrera Judicial, en la que defiende el accionar de la magistrada Rubio y dice que la forma en que el Ministerio Público presentó la información a los medios de comunicación pareciera que busca la forma de hacer “saltar” a la jueza Rubio del cargo.
De igual manera, afirma que la información “pretender desestabilizar el Poder Judicial difundiendo hechos falso”. “Me refiero a la noticia de que la Juez de Ejecución de la Pena de este Departamento benefició con permisos a narcotraficantes, sicarios y violadores sexuales”, aduce la jueza Garabito Ramíre.
“No tengo conocimiento de los tipos penales por lo que fueron juzgadas y condenadas las personas que resultaron beneficiadas con permisos, pero sí puedo decirle que no es la primera vez que los mismos se otorgan y de manera específica a las mismas personas, quienes han cumplido al reintegrarse disciplinadamente en el tiempo en que debían hacerlo”, explicó y aseguró que la magistrada Rubio duró “aproximadamente una semana depurando con las autoridades de los centros penitenciarios, quienes son una dependencia de la Procuraduría General de la República los expedientes de los internos a quienes se les iba a conceder los permisos”.
La magistrada expresó su respaldo al trabajo que ha realizado la Rubio en el Juzgado de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, donde se desempeña como interina.
“Hasta el día de hoy, confío plenamente en la Juez que está al frente de ese Tribunal, por su integridad y correcto proceder. No comprendo la actitud del Ministerios Publico ante acciones correctas y legitimas. Hago esta defensa porque se de la importancia que un superior sabiendo que un subalterno es serio, honesto y cumplidor de su deber, no lo haga y guarde silencio contribuyendo así al descredito personal e institucional y por el valor moral e institucional que ello representa”, dijo en la carta.
Y agregó “he observado el protagonismo con el que el Ministerio Publico quiere manejar los Centros Penales de este Departamento respecto al cumplimiento de las penas de los internos, área que no le compete, ni corresponde según lo dispone en la ley, sin embargo otorgan permiso al margen del Juez de Ejecución de la Pena, como es el caso de un condenado a 30 años por el caso Paya- Bani, señor LUIS LARA, en fecha 01/01/2018; disponen de todo tipo de acciones ilegales en contra de los internos, sin tomar en cuenta la participación del Juez de Ejecución de la Pena, pretendiendo que las mismas sean posteriormente legalizadas o justificadas”.
Y continúa: “Hago de su conocimiento que la juez que actualmente está como interina en dicho Tribunal conoce la legislación y la aplica por lo que se le ha hecho difícil al Ministerio Publico y a otros actores “narigonearla” o ponerla a su servicio, como ocurría con jueces anteriores, esto hace que la vean como una amenaza a sus intereses y no como una juez trabajadora, independiente, honesta, respetuosa y conocedora de la constitución, la ley y los procedimientos”.
La magistrada también solicitó una inspectoría judicial, “para que mis palabras no queden al viento y pueda comprobar el manejo de la misma. Asimismo me reitero a su orden para sostener una reunión con el presidente, la Jueza, Usted y esta servidora para aclarar cualquier inconveniente y emplazar al Ministerio Publico para que diga en que consistieron las irregularidades denunciadas con las que se ha querido sorprender a la opinión pública y daño al Poder Judicial y, nos las pruebe”.
“Para su conocimiento y fines de lugar le informo del mal manejo en el orden administrativo de los Centros Penitenciarios por parte del Ministerio Publico, el cual deja mucho que desear, lo que conozco a profundidad, por las reuniones de la mesa multisectorial, en donde se exponen todos los males que aquejan el sistema de justicia penal; le ASEGURO con letras mayúsculas que son un monumento al desorden, a la negligencia, a la falta de gerencia, al desconocimiento total y absoluto de lo que tienen entre manos, pero lo que es peor juegan al chantaje de no presentar los presos a las audiencias no sabemos con qué fines específicos, “pero buenos, no son” porque no benefician ni al preso, ni al sistema y siempre se escudan en la falta de recursos.
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