Respecto al aumento de la población carcelaria, Ortiz reconoció que, si bien el CPP buscaba ser más garantista, otros factores influyen en la creciente cifra de privados de libertad, como el aumento demográfico
Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), analizó las "injusticias de la justicia penal" en la República Dominicana, señalando que la principal "injusticia" es la impunidad, un tema poco abordado, a pesar de ser un factor determinante.
La procuradora de Corte sostiene que pese a la implementación de un Código Procesal Penal (CPP) moderno, la población carcelaria ha aumentado significativamente, lo que la llevó a cuestionar por qué, en lugar de reducirse, las prisiones están hoy más saturadas.
Un sistema de justicia penal enfermo: leyes obsoletas, cárceles hacinadas y acceso crítico a salud
Atribuyó esta impunidad, en gran medida, a la persistencia de leyes obsoletas, como el Código Penal de 1884, que aun en 2025 no ha sido reformado, tratando los delitos con una visión desfasada frente a la tecnología y las nuevas tipologías delictivas.
"Si no adecuamos las leyes a los momentos actuales, no vamos a tener un sistema penal que funcione", advirtió.
Segundo ‘Panel de Expertos’ sobre los desafíos del sistema judicial penal del país.
Otro punto crucial que la magistrada resaltó es la ausencia de la víctima en la discusión sobre reinserción, señalando que tradicionalmente, el sistema penal se ha enfocado en el procesado o imputado, dejando de lado a la víctima, quien es una "pata de la mesa" fundamental para hablar de justicia restaurativa y cumplimiento de penas en libertad.
“Para solucionar el conflicto que da origen al encarcelamiento, es imprescindible considerar a la persona ofendida”, resalto la procuradora de Corte.
Mirna Ortiz desmintió la idea de que existan "delitos sin víctimas" y que en casos de corrupción, por ejemplo, la víctima es toda la sociedad, ya que los fondos públicos malversados afectan el bienestar de la población.
Detalló que en el narcotráfico, las víctimas son las familias de los consumidores arrastradas por el flagelo de las drogas. Por tanto, para que haya verdadera restauración y el infractor comprenda el impacto de su transgresión, la mirada debe volcarse también hacia la víctima, buscando su satisfacción, que a veces puede ser tan simple como una disculpa.
PRISIÓN PREVENTIVA: FACTORES QUE INCIDEN EN EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN CARCELARIA
Respecto al aumento de la población carcelaria, Ortiz reconoció que, si bien el CPP buscaba ser más garantista, otros factores influyen en la creciente cifra de privados de libertad, como el aumento demográfico, ya que la población del país ha crecido, lo que naturalmente incide en la cantidad de casos que llegan al sistema de justicia penal, superando con creces los volúmenes manejados por el antiguo código de procedimiento criminal.
FALTA DE POLÍTICAS PREVENTIVAS
Manifestó que la alta tasa de delincuencia se relaciona con factores sociales que el sistema de justicia penal no puede resolver por sí solo, como la falta de empleo y de fuentes de producción, que llevan a los jóvenes a buscar alternativas como el crimen cuando sus expectativas no se cumplen.
De izquierda a derecha: la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz; el juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del D.N., Rafael Baéz; la jueza de la Suprema Corte, María Garabito; la defensora pública Marcia Ángeles; y la jueza Kenya Romero responden preguntas del director Miguel Franjul y el subdirector Fabio Cabral.
Ortiz enfatizó que no se ha hecho lo suficiente para disminuir la población que comete actos delictivos y que la prisión preventiva, aunque necesaria, debe aplicarse considerando los parámetros establecidos en el código, buscando bajar esos niveles.
EL PROBLEMA DE LAS REBELDÍAS Y LA FALTA DE ESTRUCTURA SOCIAL
Un factor grave que influye en el aumento de la prisión preventiva es la alta tasa de rebeldías. Ortiz explicó que, en un país donde no existen sistemas para garantizar que una persona en libertad se presente al proceso, la única alternativa para el Ministerio Público y los jueces es la prisión preventiva.
Esto, a juicio de Mirna Ortiz se debe a la falta de organización democrática y control de la residencia de los ciudadanos y que diferencia de países como Chile o Estados Unidos, donde los ayuntamientos registran las direcciones y las notificaciones judiciales tienen pleno efecto, en la República Dominicana, la falta de control de domicilios dificulta ubicar a los imputados, lo que lleva a un aumento de las rebeldías y de los casos inconclusos.
DESIGUALDAD ANTE LA LEY Y EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LOS JUECES
Expresò que en cuanto a los casos de corrupción, aunque no hay altos niveles de rebeldía como en los delitos comunes, sí se enfrenta la condición de riesgo de fuga por la gravedad del delito y el daño social.
Ortiz enfatizó que no imponer prisión preventiva a personas con arraigo económico o social (como "Don Juan o Don Pedro") mientras se encierra a quienes cometen delitos menores (como "Pedro, Pedrito, Juanito, porque se robó una gallina y no tiene arraigo") sería crear criterios de desigualdad y convertir el derecho penal en un "derecho de pobres".
Participantes del Panel de Expertos.
Mirna Ortiz aclaró que, aunque el Ministerio Público tiene la política criminal de solicitar prisión preventiva cuando lo considera necesario, el problema de la “prisionización” recae en los jueces, ya que son ellos quienes finalmente la imponen.
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