Cabe recordar que esta entidad se opuso en su momento a la sentencia 168-13 sobre la regularización de inmigrantes.
La inquietud aumentó ayer miércoles luego de que el dirigente de la FNP, Vinicio Castillo, publicara en su red social X que el canciller Roberto Álvarez se reunió con el presidente del TC, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier.Existe una profunda preocupación entre los integrantes del Instituto Duartiano ante posibles gestiones de la Cancillería dominicana para adherir nuevamente al país a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH).
Cabe recordar que este organismo se opuso en su momento a la sentencia 168-13 sobre la regularización de inmigrantes.
La inquietud aumentó este miércoles luego de que el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo, publicara en su red social X que el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, sostuvo un encuentro con el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier.
Castillo expresó su deseo de que el tema de los extranjeros en situación irregular nacidos en el país no haya sido parte de la agenda.
Al respecto, Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, recordó que ya había advertido sobre “movimientos que buscan burlar los efectos de la sentencia 168-13, la cual protegió la nacionalidad dominicana”.
Gómez señaló que los esfuerzos estarían concentrados en otorgar facultades vinculantes a la Corte IDH, órgano de la OEA, lo que, a su juicio, representaría una “seria afectación a la soberanía del pueblo dominicano”.
“Estamos alertando a los dominicanos, dentro y fuera del país, para que estén atentos ante este despropósito”, declaró Gómez.
Al ser consultado sobre la soberanía nacional, concluyó de manera enfática: “Esta nacionalidad fue conquistada a sangre y fuego por Duarte y los trinitarios; seremos libres e independientes o se hunde la isla”.
Antecedentes
La oposición del Instituto Duartiano y otros sectores nacionalistas dominicanos hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos se fundamenta en la defensa de la soberanía jurídica y el control de las políticas migratorias de la República Dominicana.
El punto de mayor fricción es la histórica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional dominicano. Esta sentencia estableció que no son dominicanos los hijos de extranjeros en situación migratoria irregular nacidos en el país.
La postura de la Corte IDH
El tribunal internacional ha fallado en diversas ocasiones (como en el caso Expulsados de República Dominicana vs. República Dominicana) considerando que el Estado dominicano viola derechos humanos al no reconocer la nacionalidad a estas personas, generando situaciones de apatridia.
Los duartianos consideran que acatar a la Corte IDH obligaría al país a otorgar la nacionalidad dominicana de forma masiva a hijos de inmigrantes haitianos ilegales, lo que ven como una “imposición externa” que vulnera la Constitución.
Para el Instituto Duartiano, la República Dominicana es un Estado libre e independiente. Argumentan que las decisiones del Tribunal Constitucional deben ser definitivas e inapelables.
Permitir que un organismo extranjero (la Corte IDH) revoque o modifique sentencias dominicanas es, a su juicio, ceder la soberanía a una entidad que no conoce la realidad social y demográfica de la isla.
Fallo del TC (sentencia 256-14)
Existe un antecedente legal crucial. En 2014, el Tribunal Constitucional dominicano declaró que el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte IDH (firmado en 1999) era inconstitucional porque no fue ratificado por el Congreso Nacional.
Los duartianos se aferran a este fallo para sostener que el país no está legalmente vinculado a las decisiones de la Corte.
Temen que cualquier intento del Gobierno por “reingresar” o validar la competencia de la Corte sea un retroceso legal que deje al país desprotegido frente a organismos internacionales.
Planes
En el discurso duartiano suele estar presente la idea de que existen planes de potencias extranjeras u organismos internacionales para “solucionar el problema de Haití” a través de RD.
Ven a la Corte IDH como el brazo jurídico que ejecutaría estas presiones para forzar una integración o una regularización que, según ellos, el país no puede sostener económicamente.
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