La Procuraduría General de la República pidió hoy a los jueces del Tribunal Constitucional declarar inconstitucional la resolución del Congreso Nacional, mediante el cual otorga un contrato de exclusividad a la empresa ICSSI para instalar y operar equipos de rayos X en los puertos del país.
En su dictamen, el procurador general adjunto, Ricardo José Taveras Cepeda, pide declarar no conforme con la Constitución la resolución 188-03, del 15 de diciembre de 2003, emitida por el Congreso Nacional.
En la instancia que consta de 14 páginas, el ministerio público pide que también se declare no conforme con la Constitución cualquier disposición norma o acto cuya anulación resulte necesaria por conexidad, especialmente, el contrato suscrito el 18 de julio del 2002, entre el Estado dominicano y la sociedad comercial ICSSI.
Taveras Cepeda sostiene que aprobar la explotación exclusiva de dicho servicio a una entidad particular por 20 años, establece un monopolio que excluye toda posibilidad de cualquier otra persona física o empresa comercial pueda incursionar en la prestación de ese servicio, desconociendo la obligación constitucional de establecerlo mediante una ley.
Aduce que el Congreso desconoció una disposición constitucional conocida como el principio de vinculación positiva o de normatividad consagrado en el artículo 4 de la Constitución.
El procurador adjunto emitió su dictamen, luego de que el TC le pidiera su opinión sobre un recurso de inconstitucionalidad que interpusiera el Consejo Nacional de la Empresa Privada, las asociaciones de Navieros de la República Dominicana, de Zona Francas, de Zona Franca de Santiago, de Industria de la Republica Dominicana y las Cámaras Americana de Comercio, Americana de Comercio y Producción de Santiago.
También, las asociaciones Dominicana de Exportadores, de Empresa de Inversión Extranjero, Organización Nacional de Empresa Comerciales, Asociación de Comerciante e Industriales de Santiago.
En el recurso de inconstitucionalidad las entidades alegan que de aplicarse dicha resolución le causarían grandes perjuicios en la rentabilidad de sus actividades comerciales, en atención a las cargas y montos exorbitantes que habrían de pagar por concepto de los servicios de verificación de las mercancías que importan y exportan a través de los puertos del país.
Argumentan que la exclusividad conferida a la empresa ICSSI constituye un monopolio que impide a los accionantes en sus indicadas calidades beneficiarse de la competitividad propia de una economía de libre empresa.
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