El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, anunció ayer que inició una investigación para proceder penalmente en contra de la jueza Awilda Reyes Beltré, quien presuntamente admitió que recibió dinero para disponer la libertad del regidor del municipio de Pedro Brand, Erickson de los Santos Solís.
Dijo que hay un equipo de fiscales trabajando en la investigación y que luego presentarán conclusiones, pero no especificó si solicitarán medidas de coerción en contra de Reyes Beltré, quien fue suspendida como jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional.
Domínguez Brito se refirió al tema al firmar un acuerdo de colaboración con el director general de Aduanas, Juan Fernando Fernández, con el objetivo de que la Procuraduría General de la República pueda hacer uso de los laboratorios de ese organismo en sus investigaciones.
Sostuvo que las declaraciones del presidente del Consejo del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, en el sentido de que la jueza admitió que recibió dinero para favorecer al regidor, aportan datos importantes, de los que la Procuraduría General tomó nota”.
“Quiero decir que todo tiene un orden. Ahora nosotros estamos haciendo una investigación y procederemos en consecuencia, y no me pregunten en el día de hoy qué nosotros vamos hacer, porque cada cosa se hará a su debido tiempo”, acotó Domínguez Brito.
Pide cumbre para reforma
Por otro lado, Domínguez Brito dijo que se hace urgente la convocatoria de una cumbre con todos los sectores del país, a fin de discutir la real ola de reforma que requiere el sistema de justicia.
Por otro lado, Domínguez Brito dijo que se hace urgente la convocatoria de una cumbre con todos los sectores del país, a fin de discutir la real ola de reforma que requiere el sistema de justicia.
Domínguez Brito aseguró que un equipo técnico elabora el documento para motivar al presidente Danilo Medina en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a tomar la iniciativa de reunir a los integrantes de ese órgano. Aclaró que la convocatoria no busca “quitar jueces”, sino realizar “una cumbre nacional” orientada a producir “una ola de reformas en el sector justicia, que incluya a jueces, fiscales y policías”. Sostuvo que los casos de corrupción entre los jueces dejan un “sabor amargo” en el ministerio público y en toda la sociedad.
Colegio de abogados apoya
En tanto que, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) favoreció la investigación que lleva a cabo el ministerio público con relación a la magistrada Reyes Beltré, quien fue suspendida la semana pasada de sus funciones. José Diego García, presidente del gremio de abogados, dijo que si en el transcurso de la investigación se determina responsabilidad penal, el ministerio público debe actuar.
En tanto que, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) favoreció la investigación que lleva a cabo el ministerio público con relación a la magistrada Reyes Beltré, quien fue suspendida la semana pasada de sus funciones. José Diego García, presidente del gremio de abogados, dijo que si en el transcurso de la investigación se determina responsabilidad penal, el ministerio público debe actuar.
LISTÍN DIARIO ha hecho constantes esfuerzos en procura de comunicarse con la magistrada Reyes a traves de la vía telefónica y las redes sociales, para obtener su versión, pero ha sido imposible.
EQUIPO EMPIEZA LABOR
Domínguez Brito aseguró que un equipo técnico elabora el documento para motivar al presidente Danilo Medina en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a tomar la iniciativa de reunir a los integrantes de ese órgano.
Domínguez Brito aseguró que un equipo técnico elabora el documento para motivar al presidente Danilo Medina en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a tomar la iniciativa de reunir a los integrantes de ese órgano.
Aclaró que la convocatoria no busca “quitar jueces”, sino realizar “una cumbre nacional” orientada a producir “una ola de reformas en el sector justicia, que incluya a jueces, fiscales y policías”.
El presidente del Colegio Dominicano de Abogados, José Diego García, dijo que si en el transcurso de la investigación se determina responsabilidad penal de los implicados, el ministerio público debe actuar.
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