La Fiscalía de Santo Domingo anunció este viernes de que apelará la decisión del Tercer Juzgado de la Instrucción que varió la medida de coerción de prisión preventiva a garantía económica a seis militares y un policía acusados de ingresar unas 220 armas de fuego de manera ilegal al país.
Los imputados son Bienvenido Cordero Batista, general de brigada de la Fuerza Aérea y director General del Material Bélico del Ministerio de Defensa; Edwin Rafael Almonte Camacho, primer teniente del Ejercito; Félix Francisco Pérez Artilles, teniente coronel del Ejército y encargado del depósito de las Armas del Material Bélico; y Esteban Marrero Ruiz, mayor del Ejército y enlace entre la Intendencia del Material Bélico y el Ministerio de Interior.
Asimismo, Francisco Mercedes Medrano, capitán del Ejército y encargado de archivo y confección de las tarjetas y formularios de entrada de armas de fuego a la Intendencia del Material Bélico; y José Miguel Torres Rodríguez, primer teniente de la Policía Nacional, encargado de las Armas de fuego de la Policía Nacional que están en la Intendencia del Material Bélico; y Pedro Manuel Guzmán Escarramán, coronel del Ejército y propietario de una armería que supuestamente se encargaba de introducir y comercializar en el mercado las armas que se encontraban en los formularios alterados.
El Ministerio Público rechazó hoy que tres meses después, en la revisión de la medida, el tribunal variara la medida de prisión a garantía económica desde 300 mil a 600 mil pesos a favor de los acusados.
En ese sentido, advirtió de que continuará la investigación del caso, al que asignó la calificación jurídica de violación al Código Penal Dominicano, Ley 36 Sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas y Ley 267-08 Sobre Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano.DE EFE
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