Las constantes agresiones físicas ocurridas en el Palacio de Justicia de la avenida Charles de Gaulle, de la provincia de Santo Domingo, no cesan, debido a la falta de vigilancia policial en los tribunales de esa jurisdicción.
La aglomeración de personas en oficinas y pasillos, salas de audiencia estrechas y hacinadas, tribunales en furgones, son algunos de los inconvenientes y precariedades que se suman en el Palacio de Justicia, pese a ser el centro de mayor demanda del país a nivel judicial.
El caso más reciente de agresión ocurrió el pasado jueves cuando un recluso golpeó a su custodia y vociferó palabras impublicables al juez del Segundo Juzgado de la Instrucción y al fiscal adjunto litigante.Wandy Calderón de los Santos, quien estaba esposado con otro recluso por la mano derecha, le dio una galleta al custodia con la mano izquierda, supuestamente ante la impotencia de ser inculpado por una acusación de violencia de género y riña que pesa sobre él, tras alegadamente agredir a varias damas.
El abogado Virgilio Peralta Lara, quien estaba presente en la sala de audiencia donde Calderón agredió al seguridad, se quejó de la situación y planteó que esa situación es fruto de la falta de seguridad que presenta esa sede judicial.
Narró que el incidente se produjo porque ese imputado le preguntó al juez si podía hablar, y al magistrado responderle que se aguantara, el custodia lo mandó a callar; sin embargo, pese a que estaba esposado, el recluso golpeó al policía, insultó al juez y al fiscal, por lo que el custodia tuvo que golpearlo con la pistola, para someterlo a la obediencia.
Otro incidente se produjo en diciembre de 2017, cuando uno de los presuntos sicarios en el caso Natasha Sing, pese a que estaba esposado en la mano derecha, mientras era llevado devuelta a la cárcel, agredió a un fotógrafo de El Caribe, con la mano izquierda y le rompió su cámara, precisamente por la alegada falta de seguridad.
Para jueces, abogados, fiscales, víctimas y acusados, esta situación es preocupante, por lo que reclaman mayor vigilancia policial en los tribunales y en los alrededores de la Fiscalía.
Mientras que personas que acuden al Palacio de Justicia sostienen que la falta de seguridad se ha convertido en una amenaza para la integridad física de los usuarios.
Tanto los jueces como los fiscales adjuntos de esa jurisdicción carecen de protección una vez terminan su jornada laboral.
Una jueza, a la salida de su tribunal, se quejó porque la mayoría de sus compañeros y compañeras apenas cuentan con agentes policiales durante el proceso de las audiencias.
Los jueces, fiscales, abogados y testigos también denunciaron los inconvenientes y dificultades que presentan para realizar un trabajo o recibir un servicio allí.
“Los baños están muy precarios, y en el único que está en funcionamiento hay que hacer fila, y cuando tienes dos minutos te sacan”, acotó el abogado Rafael López, mientras salía de un furgón que fue habilitado para conocer medidas de coerción en contra de los imputados.
Se queja, además, que en el Palacio de Justicia los trámites son muy difíciles, ya que los usuarios tienen que esperar más de una semana para conseguir las certificaciones.
Se recuerda que en el mes de mayo del año 2015, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, dio el primer picazo para dar inicio a los trabajos de construcción de un nuevo Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo.
Sin embargo, el solar de 14,696 metros cuadrados, donde supuestamente se construirá la obra, en la avenida Sabana Larga, Santo Domingo Este, se ha convertido en un monte alto.
Crecimiento
La provincia Santo Domingo, desde la separación del Distrito Nacional el 16 de octubre de 2001, ha experimentado crecimiento tanto en su población como en hechos delictivos, razón por la que hoy se sitúa esa demarcación como la más demandada a nivel judicial. Cuenta con ocho municipios y siete distritos municipales.
La provincia Santo Domingo, desde la separación del Distrito Nacional el 16 de octubre de 2001, ha experimentado crecimiento tanto en su población como en hechos delictivos, razón por la que hoy se sitúa esa demarcación como la más demandada a nivel judicial. Cuenta con ocho municipios y siete distritos municipales.
Según datos del último censo suministrado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), esa provincia tenía en ese entonces 2,374,370 habitantes.
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