El tema de la crisis humanitaria venezolana, enfocada en las amenazas a la libertad de prensa y la situación de los derechos humanos de los emigrantes, fue el tema de cierre de las audiencias públicas que celebró la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en República Dominicana.
La sociedad civil venezolana, que participó este viernes en la última jornada de agencias públicas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, solicitó al Gobierno de Venezuela que libere a los civiles procesados por la justicia militar y que respete el trabajo de los periodistas y defensores de los Derechos Humanos.
La sociedad civil venezolana, que participó este viernes en la última jornada de agencias públicas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, solicitó al Gobierno de Venezuela que libere a los civiles procesados por la justicia militar y que respete el trabajo de los periodistas y defensores de los Derechos Humanos.
El integrante de Provea, Carlos Patiño, señaló que los militares venezolanos están participando en represiones contra los civiles y aclaró que en tiempos de paz no puede aplicarse la justicia militar.
Precisó que durante el año 2017 se aprehendieron 755 personas por hacer uso del derecho a la manifestación y de ese total 27 fueron juzgados por la jurisdicción militar.
También, el representante de Espacio Público, Carlos Correa, denunció las amenazas que existen contra los comunicadores sociales y defensores de los derechos humanos en el país y pidió al Gobierno venezolano que permita la entrada de la CIDH al país para que constaten la crisis humanitaria.
Denunció que muchos camarógrafos, fotógrafos y periodistas han perdido sus equipos de trabajo, porque militares se los arrebatan y resaltó que éstas y otras acciones, cercenan la libertad de expresión y del derecho a informar.
“Hay un patrón de descalificación sistemática en los medios públicos y de persecución a los funcionarios públicos que quieren aportar información sobre lo que ocurre en instituciones del Estado”, dijo.
Además cuestionó la ley contra el odio y enfatizó en que en una democracia esto es inaceptable.
Frente a esto, el representante del gobierno venezolano Larry Devoe, defendió la Ley contra el odio aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y señaló que busca combatir el odio y la intolerancia que se han instalado en diversos sectores de la sociedad. “Repudiamos los casos de violencia contra periodistas y reiteramos que, al igual que los defensores de los derechos humanos, pueden ejercer su trabajo con total libertad en Venezuela”, resaltó.
Comisión pide a la región atender inmigrantes
Los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigieron medidas regionales para atender la situación de los emigrantes venezolanos. El segundo vicepresidente de la CIDH, Luis Vargas, señaló que “hay una situación bastante dramática de migración de venezolanos por toda la región” y denunció que producto de la crisis “las mujeres venezolanas están siendo objeto de la trata, sobre todo para la explotación sexual”.
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