En centros penitenciarios del país, tanto del nuevo modelo como del tradicional, aún ocurren prácticas irregulares que violentan los derechos de los privados de libertad, entre ellas maltrato físico y verbal y la delegación del régimen disciplinario a un Comité integrado por reos, a los cuales se les permite portar armas de fuego e imponer las sanciones disciplinarias.
Así lo establece la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) en su InformeAnual 2017, que recoge denuncias de los Defensores Públicos y de la Comisión Nacional de Cárceles sobre acciones violatorias de la Ley 224 sobre Régimen Penitenciario y las Reglas Mínimas de Tratamiento en los Centros de Reclusión.
La ONDP dice en el Informe que, pese a que está prohibido que la función de disciplina sea concedida a los presos, en los recintos penitenciarios del modelo tradicional, regularmente se conforma un “Comité de Disciplina” con un representante general de los internos, denominado “Probó”, nombrado por la Alcaldía, y que en ocasiones se permite que sea elegido por los mismos internos.
Sostiene que el “Probó” tiene representantes en cada celda que tenga el recinto, y que a estos se les otorga la facultad de aplicar sanciones, poniendo como ejemplo lo ocurrido en la Cárcel del 15 de Azua, en donde el representante general disponía, si se encontraba a algún interno robando, colocarlo por espacio de una hora en el sol, acostado en el patio, como también darle dos palos.
Indica que esa situación se da también en la Fortaleza Duarte, de San Francisco de Macorís, en donde el representante regularmente es quien sugiere al Alcaide a cuales internos hay que enviar al área de aislamiento, denominada el “bunker”.
A los integrantes de estos Comités, según reseña la ONDP, se les autoriza determinada cantidad de armas, ya que las portaban frente a las Autoridades de Seguridad y Alcaides, entre ellos machetes o palos, como mecanismo de defensa para que se protejan y para que logren la armonía anhelada dentro de los recintos. Señala el informe que los Defensores Públicos observaron que en la cárcel del 15 de Azua el “Probó” siempre tenía encima un machete, al igual que cada miembro de su Comité.
Establecen en el documento que mientras el representante de la Fortaleza Palo Hincado, de Cotuí, transitaba desarmado, las veces que la Comisión de Cárceles y la Coordinadora de la Defensa Pública de dicha jurisdicción tuvieron la oportunidad de conversar con él, “tenía un séquito de más de 30 internos pertenecientes a su Comité que se encontraban armados con machetes, cuchillos y palos”.
Destaca que en la Cárcel Pública de Baní había integrantes del “Comité” con palos y cuchillos.
“Cabe resaltar que las armas referidas (palos, machetes, cuchillos) según indican, nunca los Alcaides las han autorizado. Sin embargo, los integrantes del Comité de Disciplina, incluidos los representantes generales han permanecido delante de los mismos con las indicadas armas, por lo que se da por sentado que las mismas fueron previamente autorizadas, para “imponer el orden en el penal”, subraya la ONDP.
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Wanda Méndez
Santo Domingo
Los operativos realizados y los planes anunciados en República Dominicana, tanto por el Poder Ejecutivo como por las autoridades penitenciarias con el objetivo de evitar que los privados de libertad usen aparatos móviles en los recintos no han sido efectivos.
Aunque no está permitido el uso de celulares, y por lo general en la entrada de los recintos hay un letrero con los objetos que están prohibidos, entre ellos teléfonos móviles, los reos se las ingenian para portarlos, burlando las disposiciones administrativas y los controles de seguridad.
El pasado jueves se observó en un video a reclusos usando celulares en la penitenciaría La Victoria, cuando despedían al merenguero urbano Antonio Peter de la Rosa (Omega), luego de ser beneficiado con una libertad condicional. Omega fue condenado a cinco años de prisión en septiembre del 2016 por violencia de género.
La prohibición
El 9 de septiembre del 2011, el presidente Leonel Fernández prohibió el uso de celulares en las cárceles, como parte de una serie de medidas que adoptó en un encuentro que encabezó en Santiago con representantes de los organismos de seguridad del Estado y del ministerio público.
El 9 de septiembre del 2011, el presidente Leonel Fernández prohibió el uso de celulares en las cárceles, como parte de una serie de medidas que adoptó en un encuentro que encabezó en Santiago con representantes de los organismos de seguridad del Estado y del ministerio público.
Fernández dijo esa vez que mediante el uso de celulares los presos por narcotráfico ordenaban nuevos crímenes, por lo que “pidió que se prohíba el uso de teléfonos celulares en las cárceles dominicanas”.
Instruyó al procurador de esa época, Radhamés Jiménez Peña, para que diera una respuesta rápida al problema, adoptando todos los dispositivos tecnológicos de lugar, con el objetivo de que no puedan realizarse llamadas telefónicas de presos en los recintos carcelarios.
Luego, en noviembre del 2014, el entonces procurador Francisco Domínguez Brito anunció la ejecución de un plan para bloquear las señales de celulares en las cárceles, con un piloto que iniciaría en la del 15 de Azua.
En esa época, las autoridades prometieron la instalación de bloqueadores de señales telefónicas en la medida en que contaran con los fondos. En enero de 2017, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares y establece el bloqueo de la señal en los centros penitenciarios del país, pendiente de aprobación en el SenadoFUENTE LISTIN DIARIO
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