El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó al Ministerio Público la presentación de la acusación en contra de los seis implicados en el caso de los US$92 millones que la empresa Odebrecht pagó en sobornos en el país.
El tribunal, presidido por la magistrada Gissell Méndez e integrado por Tania Yune y Gisel Naranjo, otorgó un plazo de cinco minutos a los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), representado por su titular Wilson Camacho presente la acusación formal en contra de los imputados.
La decisión del tribunal se produce luego de rechazar un pedimento presentado por la defensa del imputado Conrado Pittaluga, que buscaba el cese de la acusación en el caso Odebrecht, ordenando la continuación de la audiencia.
Sostiene que el tribunal verificó una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC), del 17 de junio pasado, el cual se encontraba apoderado acción de revisión constitucional en contra de la sentencia dictada por la Novena Sala Penal, que rechazó una acción constitucional de habeas datas, formalizada por el imputado.
Aducen los jueces que el TC acogió el recurso de revisión y en cuanto al fondo ordenó a la empresa Claro un plazo de tres días para que entregara al imputado todas las informaciones vinculadas a las interceptaciones telefónicas, por lo que no habiéndose ejecutado y no producirse la inculcación de ningún derecho, procede rechazar la solicitud de la defensa técnica del imputado.
La defensa del imputado había pedido al tribunal el archivo de la acusación y de cualquier medida de coerción que pesa en su contra, alegando violación al derecho de defensa, al considerar que se produjo una violación al intervenir su teléfono con el de su padre.
Argumento en su pedimento, que la Procuraduría General de la República, intervino el teléfono de Pittaluga Vicioso, haciendo creer que el referido número telefónico le pertenecía a él y no a su hijo.
Ante ese pedimento, el Ministerio Público había pedido al tribunal el rechazó alegando que ese mismo fue presentado en la audiencia preliminar, el cual fue rechazado por improcedente, mal fundado y carente de base legal.
Consideró, además, que no existe evidencia de que dicho teléfono había sido intervenido y que consta una certificación de la empresa Claro que así lo certifica.
En el caso figuran además como imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán y Roberto Rodríguez Hernández.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario