WASHINGTON.- Donald Trump trata de imponer su doctrina del ‘America First’ (‘Estados Unidos primero’) a la vacuna contra la COVID-19. Ha firmado un decreto en el que exige un acceso prioritario de Estados Unidos a todas las vacunas desarrolladas en el país o con fondos federales.
Esto ocurre cuando Estados Unidos está a un paso de aprobar la vacuna de Pfizer/BioNTech, que podría recibir el visto bueno de la FDA este mismo fin de semana, dando inicio a una vacunación inmediata de la población. Urge, pues EE.UU. ya ha superado los 286.000 muertos y más de quince millones de casos positivos de COVID-19.Biden presenta un plan contra la pandemia para sus primeros 100 días de mandato
En ese contexto, Joe Biden ha presentado un plan contra la pandemia para sus primeros 100 días de mandato, en los que promete poner 100 millones de vacunas, reabrir los colegios e imponer el uso de la mascarilla, que será obligatoria en todas las administraciones federales, así como en los transportes interestatales.
«Mis primeros 100 días no acabarán con el virus. Eso es algo que no puedo prometer -dijo Biden-. Va a llevar algún tiempo, pero estoy absolutamente convencido de que en 100 días podemos cambiar el curso de la enfermedad y cambiar para mejor la vida de los estadounidenses».
Trump trata de atar la vacuna a su legado
Donald Trump trata de atar la vacuna a su legado y atribuirse el mérito de su rápido desarrollo, subrayando que ha sido gracias a que su Gobierno ha hecho una «inversión sin precedentes».
«Estamos a pocos días de la autorización de la FDA y los estamos presionando mucho. Cuando llegue, comenzaremos inmediatamente una distribución masiva. Antes de la ‘Operación Warp Speed’, el tiempo para el desarrollo y la aprobación de una vacuna podía ser infinito. Estamos muy contentos de haber sido capaces de hacer las cosas a un nivel que nadie había visto antes», señaló durante una cumbre en la Casa Blanca centrada en la pandemia.
Ya que ha puesto mucho dinero, Trump considera que Estados Unidos debe ser suministrado prioritariamente por las farmacéuticas que han desarrollado su vacuna en el país, como Pfizer, o que han recibido fondos federales, que es el caso de las de Moderna y AstraZeneca.
Su deseo lo ha plasmado en un decreto que, no obstante, no parece que vaya a tener mucho recorrido, pues solo le quedan seis semanas de mandato. Este tiempo parece insuficiente para que pueda impedir a las farmacéuticas cumplir sus contratos con otros países que, en muchos casos, también han aportado fondos al desarrollo de las vacunas.DE EURONEWS
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