El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 18 de febrero la revisión de la medida de coerción de los imputados del caso Medusa.
La jueza Solange Vásquez, hizo el aplazamiento debido a que la imputada Jenny Marte Peña no tenía abogado. Marte Peña cumple arresto dominiciliario.
El grupo, con excepción del exprocurador Jean Alain Rodríguez, compareció este viernes por ante la jueza Vásquez, que conoce la revisión de la medida de coerción a cada uno de los encartados.
Desde julio del año pasado, el exprocurador Rodríguez y los coimputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodríguez Imbert cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal, por disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
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En el caso figuran como coimputados Rafael Antonio Mercedes Marte y Altagracia Guillén Calzado, quienes al igual que Marte Peña cumplen arresto domiciliario; así como Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Respecto a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez Sánchez arrestado en España, el Ministerio Público ya hizo el trámite de la solicitud para su entrega a República Dominicana.
De acuerdo con el expediente del caso Medusa, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre sobornos.
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