El tribunal tomó la decisión al acoger de manera parcial el dictamen del Ministerio Público, quien había pedido cinco años para Porterreal y dos años de prisión para Miguelina Gómez y Montero D'Óleo.
Fotografía muestra a Johnny Portorreal y otros dos imputados de estafar a 283 personas con supuesta herencia millonaria de la familia Rosario.La jueza de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional condenó a cinco años de prisión al abogado Johnny Portorreal, tras ser encontrado culpable de estafa a 283 personas con la supuesta herencia millonaria de la familia Rosario.
La magistrada Clara luz Almonte en el dispositivo de la sentencia, también condenó a 2 años de prisión a Miguelina Gómez y descargó del hecho a Miguel Montero D'Óleo.
El tribunal tomó la decisión al acoger de manera parcial el dictamen del Ministerio Público, quien había pedido cinco años para Porterreal y dos años de prisión para Miguelina Gómez y Montero D'Óleo.
En la audiencia la defensa de los implicados había pedido al tribunal rechazar el dictamen de la Fiscalía del Distrito Nacional y descargar a su cliente de toda responsabilidad penal. La jueza se había reservado el fallo para darlo a conocer hoy.
A la salida del tribunal, ubicado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, decenas de querellantes que dicen ser estafados saludaron la decisión, aunque se mostraron contrarios a la pena impuesta.
En el caso también estaba involucrado Hilario Amparo, pero el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, le dictó un auto de no ha lugar, quedando excluido del caso.
Johnny Portorreal se encontraba prófugo desde junio del año 2021, esto tras la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, señalara que los estafados habrían puesto en manos de este la suma de al menos 16 millones de pesos, con el objetivo de obtener una alegada fortuna valorada en 13 mil millones de dólares que hasta la fecha no se ha consumado.
El expediente acusatorio y, conforme a las investigaciones realizadas el modus operandi de los imputados, incluía el cobro de altas sumas de dinero a las víctimas, que iban desde 15 mil hasta 24 mil pesos por persona, para presuntamente hacer las diligencias para el supuesto cobro del falso patrimonio.
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