El Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales ha provocado un intenso debate en República Dominicana. La propuesta del presidente de la República, Luis Abinader busca actualizar la legislación vigente desde 1962, eliminando normativas obsoletas y adaptándolas a la era digital.
Cinco cambios clave que podrían impactar a los medios en el país:
Regulación de contenidos digitales: Se plantea la supervisión de publicaciones en redes sociales y medios digitales, con especial atención a la protección de menores y la dignidad humana.
Asimismo plantea en su articulo 4 que : «El ejercicio de la libertad de expresión no está sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores fijadas expresamente por la ley. Cualquier restricción a este derecho deberá tener un fin legítimo y ser necesaria en una sociedad democrática».
Despenalización de la difamación e injuria: Se elimina la prisión como sanción para estos delitos, apostando por mecanismos civiles en lugar de penales.
«Son incompatibles con las libertades de expresión e información las presiones directas o indirectas que persigan castigar o privilegiar a periodistas y comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
Estos tienen derecho a realizar su labor de manera independiente y sin interferencias del Estado ni de grupos de particulares», agrega la pieza en su articulo 11.
«Son incompatibles con las libertades de expresión e información las presiones directas o indirectas que persigan castigar o privilegiar a periodistas y comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
Estos tienen derecho a realizar su labor de manera independiente y sin interferencias del Estado ni de grupos de particulares», agrega la pieza en su articulo 11.
Creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom): Un órgano regulador independiente del Poder Ejecutivo, encargado de supervisar el cumplimiento de la ley.
Responsabilidad de plataformas digitales: Empresas como Facebook, X e Instagram no serán responsables por el contenido de los usuarios, salvo que incumplan una sentencia judicial.
«Las plataformas de contenidos sólo podrán ser consideradas civilmente responsables de daños resultantes de publicaciones de terceros, si, después de la notificación de una orden judicial específica, no toman medidas para hacer que el contenido
identificado como infractor no esté disponible. No están incluidas en el presente precepto, las acciones propias. La aplicación de este artículo tendrá como parámetros el alcance y los límites técnicos del servicio y el período específico», establece el proyecto.
Garantías para el ejercicio periodístico: Se protege el secreto profesional, el acceso a fuentes y la seguridad de los periodistas, además de prohibir la censura previa.
Reacciones
El proyecto ha sido respaldado por diversos sectores, incluyendo la Sociedad Dominicana de Diarios y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), quienes lo consideran un avance significativo. Sin embargo, algunos críticos advierten sobre posibles riesgos de sobrerregulación y la necesidad de garantizar un equilibrio entre libertad de expresión y responsabilidad comunicativa
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