El Gobierno depositó este jueves en el Senado una propuesta para dar fuerza normativa al Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, después de más de cinco años de elaboración. El instrumento busca orientar dónde se desarrollan los asentamientos humanos y las actividades económicas, incorporando los riesgos ambientales a las decisiones sobre el uso del suelo.
La iniciativa llega casi cuatro años después de la aprobación de la Ley 368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, cuyo marco regulatorio deberá complementar.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, entregó el documento al presidente del Senado, Ricardo de los Santos. Su depósito abre el trámite legislativo; todavía no supone la aprobación ni la entrada en vigor del plan.
El reto de llevarlo a los municipios
Paliza informó que el Ministerio de la Presidencia participa actualmente en la formulación de más de 60 planes municipales de ordenamiento territorial. Se trata de instrumentos en preparación: el anuncio no precisa cuántos están terminados, aprobados o en ejecución.
La distinción importa porque la propuesta nacional deberá articularse con la planificación regional y municipal. Su aplicación tendrá que traducirse en decisiones concretas sobre la ocupación del territorio, la ubicación de nuevas actividades y la protección de los suelos según su vocación.
Sin embargo, la información divulgada sobre el depósito no detalla los plazos de implementación, los recursos necesarios ni los mecanismos para verificar el cumplimiento de sus disposiciones.
El riesgo como criterio para ocupar el suelo
El viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Domingo Matías, explicó que la elaboración del plan involucró más de cinco años de trabajo en las distintas regiones del país. Según el funcionario, la propuesta procura alinear las políticas públicas con la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático. Esto supone incorporar esas condiciones a la planificación de los asentamientos y las actividades económicas.
Paliza calificó el ordenamiento territorial como una “obligación de Estado” y lo vinculó con la elevada densidad poblacional dominicana.
El documento había sido conocido previamente por el Consejo de Ministros. Ahora corresponderá al Congreso examinar una propuesta cuyo alcance dependerá de las obligaciones que establezca, de quién deba hacerlas cumplir y de cómo se resuelvan los conflictos entre el uso actual del suelo y el ordenamiento previsto.
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