Santo Domingo
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán Mejía, dijo hoy que aunque una minoría de jueces ha violentado los principios éticos y cometido actos reñidos con la ley, el Poder Judicial no está en crisis ya que la gran mayoría de estos son trabajadores y honestos.
El también presidente del Consejo del Poder Judicial (CPJ) dijo que si los buenos jueces brillaran, muchos pudieran decir que el Poder Judicial fuera todo luz, pero que lamentablemente, un malo hace más ruido que cien buenos.
Germán Mejía habló en esos términos, tras pronunciar un discurso en la sala augusta de la Suprema Corte de Justicia, en presencia del presidente Danilo Medina, el procurador General de la Republica, Francisco Domínguez Brito, jueces de las altas cortes, la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, el embajador de los Estados Unidos, James "Wally" Brewster, entre otras personalidades.
Destacó el magistrado que frente a esos casos se adoptaron, durante el 2015, numerosas decisiones para sancionar los actos reñidos con la ley, la disciplina y la ética.
Indicó que dispuso el fortalecimiento del sistema de vigilancia con el propósito de perseguir y procesar disciplinariamente a quienes violenten los lineamientos éticos y morales.
“Creemos firmemente en la actuación recta, honorable, transparente e imparcial de la mayoría de nuestros jueces. Estamos convencidos de que de esa forma es cómo podemos abonar y cosechar la confianza de la sociedad dominicana”, acotó.
Dijo que a los jueces corresponde actuar con responsabilidad y generar una justicia que sea justa, pero que a la ciudadanía le corresponde creer en su trabajo, ya que el populismo y la denuncia vil nunca han sido un buen instrumento para fortalecer las instituciones.
“Tenemos el convencimiento de que para lograr que la sociedad adquiera la certeza de que nuestro Poder Judicial es una institución confiable y creíble, debemos actuar con honorabilidad. Debemos acercar la justicia a la sociedad, permitiendo que la misma sociedad asuma roles de vigilancia de nuestra efectividad”, enfatizó Germán Mejía.
Quejas por falta de recursos
Dijo que para el 2016, el Poder Judicial presentó para aprobación de la Dirección General de Presupuesto, un anteproyecto de presupuesto por un monto de RD10,983,34 millones, que no representa el 2.6% del P.I.B que le corresponde por Ley, del cual sólo le fueron aprobados RD$5,606.64 millones.
Expresó que eso causará serías limitaciones para avanzar con eficiencia y productividad en el cumplimiento de sus funciones y de los planes, programas y proyectos al Poder Judicial.
Dijo que no quisiera quejarse, pero que debe ser auténtico, ya que con los recursos que le fueron aprobados la administración de justicia se congestionará y es poco lo que pueden hacer.
Destacó que la nómina del Poder Judicial es de 688 jueces, 5,799 empleados administrativos, 276 empleados contratados y 58 empleados interinos, número que evidencian, por una parte, escasez de personal y por otra parte, que la mayoría de los fondos recibidos 93.% deben ser destinados al pago de la nómina.
Indicó que el Poder Judicial se verá impedido de satisfacer no solo las necesidades materiales, sino también de mantener y mejorar los sistemas tecnológicos y contratar más personal y dar más formación a los ya contratados, así como cumplir con las exigencias de un poder del Estado provisto de las estructuras institucionales derivadas de la Constitución y de las Leyes que en su totalidad no han podido ser puestas en funcionamiento por la falta de recursos.
Manifestó que hay jueces tomando guaguas y carros públicos mientras dictan sentencias contra narcotraficantes lo que a su juicio son dos condiciones incompatibles.
Explicó que así no se puede, que un juez tenga que bajar de los estrados después de haber condenado a un narcotraficante, encender su motor para ir a la escuela a buscar a sus hijos para montarlos uno atrás y otro delante, por lo que es una expresión indigna del Poder Judicial.
Señaló que la sociedad dominicana reclama jueces íntegros en el aspecto ético y moral, planteamiento con el cual está absolutamente de acuerdo, pero que es también un deber del Poder Judicial garantizar para los jueces seguridad y dignidad en el ejercicio de sus funciones.
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