SANTO DOMINGO. El periodo electoral se cerró la semana pasada con la proclamación por el Congreso Nacional de Danilo Medina y de Margarita Cedeño como Presidente y Vicepresidente electos de la República, pero ello no significó el final de los cuestionamientos al sistema electoral.
El cierre del periodo electoral queda establecido en el artículo 88, de la Ley 275- 97 que reza: “Artículo 88.- COMIENZO Y TERMINACION. El período electoral se entenderá abierto desde el día de la proclama, y concluirá el día en que sean proclamados los candidatos elegidos”.
Con el cierre se invalida legalmente cualquier reclamo por la comisión de presuntos fraudes, aunque la oposición insiste en que para las próximas elecciones debe instituirse otro marco legal, por entender que el actual no garantiza regular los procesos de selección de candidaturas con equidad de las organizaciones partidarias.
En ese sentido, partidos, Gobierno y sociedad civil iniciaron el lunes 18 de junio la discusión para aprobar la Ley de Partidos Políticos, con lo que se espera se incorporen a la nueva legislación aspectos que promuevan la igualdad entre los competidores por los cargos electivos.
El influyente Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), a través de su presidente Rafael Blanco Canto , advierte que las dificultades del reciente proceso electoral, caracterizado por desconfianza y cuestionamiento ofrecen una gran lección: “La confianza y los cuestionamientos en la institucionalidad que rige las elecciones se agotó”.
“Debemos darnos cuenta del peligro que se posa sobre el horizonte de la vida nacional si no ponemos atención a los graves síntomas de deterioro de la institucionalidad política que afecta hoy en día a nuestro país”, dice el CONEP.
En ese sentido, propone aprobar la Ley de Partidos Políticos, regular el acceso equitativo a los medios de comunicación y a la organización los procesos electorales”, haciéndolo veraz y transparente; evitar el uso y abuso de los recursos del Estado y cortar el tiempo de las campañas.
Además, regular el financiamiento de los partidos con reglas transparentes, auspiciar la independencia y fortalecimiento de las instituciones llamadas a implementar y regular todo lo relativo al proceso electoral.
“La sociedad no permitirá que los partidos continúen repartiéndose políticamente estos órganos vitales para la democracia, es decir, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas y las Altas Cortes”, por lo que se requiere la elección de autoridades confiables en cada área, con trayectoria y carrera, pero sobre todo independencia, agrega.
Desde las primeras horas del proceso electoral, la oposición, que coincide con los planteamientos del CONEP, denunció que entendía que el proceso estaba plagado de fallas organizativas e irregularidades que alterarían el resultado final y lo definió como una especie de “tollo electoral”.
La oposición solicitó a la Junta Central Electoral realizar una auditoría a los equipos que se usaron para el escrutinio de los votos, identificar los electores, por entender que ello contribuía a la transparencia del proceso, pero tal petición fue negada, lo que alimentó su idea de fraude con su denuncia de lo que calificó de irregularidades, como el robo de boletas, alteración de actas, y uso y abuso de los recursos del Estado, entre otras.
Estas denuncias se internacionalizaron por varias vías, una de ellas cuando Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata, Guillermo Moreno, de Alianza País, Minoú Tavarez Mirabal, de Alianza por la Democracia (APD) y Soraya Aquino, del Partido Unidad Nacional, denunciaron ante la Organización de los Estados Americanos, que celebró en el país en junio pasado su 46 Asamblea General Ordinaria: “La ocurrencia de un conjunto de irregularidades que conforman un patrón sistemático de manipulaciones fraudulentas en las elecciones presidenciales, congresionales y municipales celebradas el pasado 15 de mayo”.
El futuro
Las discusiones iniciadas la semana pasada entre los partidos, la sociedad civil y el Gobierno para conducir al consenso que permita aprobar la Ley de Partidos debe conducir a dar salida a los cuestionamientos que se formulan al sistema electoral y a la búsqueda de mayor transparencia en las elecciones.
Se espera que en estas discusiones impere el consenso, producto de la más amplia participación de los distintos sectores de la sociedad y que el partido oficial no recurra a su mayoría mecánica en el Congreso Nacional para hacerse un traje a la medida.
La percepción generalizada entre partidos, empresarios y sociedad civil es que las próximas elecciones no se pueden celebrar con el mismo esquema jurídico que se efectuaron las anteriores, que como alega el CONEP “se agotó”.
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