Cuatro personas con medidas de coerción por aviones Tucano: esto es todo lo que debes saber del caso

Santo Domingo

Un exsecretario de las Fuerzas Armadas, un senador de la República, un coronel y dos empresarios son las personas que hasta el momento son investigadas por el ministerio público por el supuesto pago de sobornos para la adquisición de los aviones Súper Tucano.

A cuatro de estas personas se les dictó medidas de coerción: al coronel Carlos Piccini Núñez se le envió a prisión a Najayo; al exsecretario (exministro) de las Fuerzas Armadas, Rafael Peña Antonio, se le impidió  su salida del país y se le impuso presentación periódica, y al empresario Daniel Aquino Méndez y su hijo Daniel Aquino Hernández le pusieron brazaletes electrónicos y no pueden salir del territorio del gran Santo Domingo.

Al senador de Hermanas Mirabal, Luis René Canaán Rojas, se le investiga por el caso y, de hecho, se ha interrogado a un sobrino suyo, quien según la presunción de las autoridades fue quien manejó el dinero del soborno a través de una empresa registrada a su nombre.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) interrogó a Samuel Pereyra Rojas, propietario de la empresa Saperofa, que supuestamente fue el puente para entregarle al legislador más de 800 mil dólares.Cuando estallaron las detenciones, y el caso tomó ribetes de escándalo de corrupción, el senador se puso a disposición de la justicia y dijo que junto a su familia ha pasado momentos angustiantes “con las publicaciones que lo señalan como el legislador que supuestamente aceptó el soborno para aprobar el préstamo de compra de los aviones”.

El legislador del Partido de la Liberación Dominicana aseguró que en sus 14 años en el Congreso Nacional su nombre “no ha estado vinculado a escándalos ni condicionantes para promover o aprobar iniciativas de leyes o contrataciones que no sean la de colocar el interés del país y lo requerimientos de la provincia que represento por encima de todo”.

El comienzo de este proceso judicial se inició tres días antes de que el presidente Danilo Medina jurará nueva vez a su cargo, luego de ganar su reelección presidencial. En ese momento el caso fue instrumentado por Francisco Domínguez Brito, entonces Procurador General de la República, quien fue relevado del cargo al asumir el nuevo gobierno. Hoy se desempeña como ministro de Medio Ambiente.