Unicef: “En el Sur los padres utilizan a sus niñas como activo económico”

Estudio "Invisibles bajo el sol: Una mirada a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la región de Enriquillo" de Unicef. Marcos Rodríguez

Un estudio realizado por Plan Internacional y Unicef arrojó que 50.9% de los jóvenes de 13 a 20 años encuestados en la zona sur aseguró haber tenido relaciones sexuales al menos una vez en su vida.

De ellos, indica Plan Internacional, el 26.8% expresó haberlo hecho con  una persona de diez o mas años de diferencia, y 11% haberlo hecho al menos una vez a cambio de dinero o cualquier otro tipo de retribución.

El estudio “Invisibles bajo el sol: Una mirada a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la región de Enriquillo” es un resumen de una investigación desarrollada en el proyecto “Sumando esfuerzos: prevención  de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en República Dominicana”.

Los organismos internacionales citaron en ese sentido la encuesta ENHONGAR-MICS 2014, que señala que el porcentaje de mujeres de 20 a 49 años que estuvieron casadas o unidas antes de los  18 años en la región sur del país fue de un 48.6% y de un 17% antes de los 15 años, superando los promedios nacionales.

La representante de Unicef, Rosa Elcarte, expresó que las autoridades deben mejorar los servicios de atención a menores  víctimas de abuso sexual, “ya que a pesar de los esfuerzos, son insuficientes”.

“La mayoría de los casos en el sur, se producen en las comunidades más pobres, donde los padres utilizan a sus niñas como activo económico. Luego la niña queda marcada, y no siempre recibe la ayuda o la atención que merece por las instituciones que están llamadas a ayudarlas”, manifestó.

Entre tanto, el gerente de programas de Plan Internacional, Silvio Minier, dijo que la explotación sexual infantil “es una forma de violencia, una violencia de sus derechos y es un delito prevenible. Entre las causas se encuentran la cultura patriarcal y la desigualdad de género”.

Ambas entidades recomendaron “promover políticas públicas de prevención, involucrar a la empresa privada, especialmente al sector turístico, a las comunidades y a los propios adolescentes en la construcción de entornos protectores, promoviendo la reducción de la tolerancia social y aumentado la persecución pena de los autores de este delito”.