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Cambio de sexo de parte de hombres que quieren ser mujeres y viceversa y de mujeres que quieren quitarse la edad para aparentar más joven; personas que quieren poner a figurar como madre a una tía para viaje; peloteros que buscan quitarse años para obtener contratos, son parte de los expedientes de rectificación de actas del estado civil que con frecuencia llegan al TSE.
La lista incluye la corrección de errores en el nombre del solicitante, en el de los padres y la rectificación de la fecha de nacimiento.
El magistrado Santiago Sosa precisó que cuando son demandas de asunto del sexo se debe a veces a que la persona tiene un nombre que se asigna tanto a hombres como a mujer y se le puso el equivocado. Pero que a veces es para incurrir en un fraude. Los cambios de sexo más demandados proceden de hombres que quieren aparentar mujer. Esto no procede, por lo que figuran en el 10 por ciento de demandas rechazadas.
Los jueces del TSE señalaron que ese tipo de solicitudes son sometidas a una rigurosa investigación a través de su departamento de inspectoría que envía un equipo a indagar.
Sosa puntualizó que esos expedientes se remiten al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para que haga la comprobación.
La magistrada Rafaelina Peralta precisó que la responsabilidad de los errores no recae en su totalidad en el oficial civil actuante, sino que se arrastra en ocasiones desde las certificaciones que expiden los centros médicos y alcaldes. Enfatizó que el registro civil impacta en las familias, en las sucesiones y en la nacionalidad.
El presidente del TSE, Román Jaquez, señaló que en su primer año de gestión fallaron 7,635 solicitudes de rectificación. Dijo que con ellos suman 33,000 los expedientes conocidos en los seis años y medio de funcionamiento. La jueza Rafaelina Peralta destacó que los jueces del TSE están ejerciendo una actuación proactiva, haciendo las debidas diligencias para evitar que un expediene sea rechazado por falta de un documento. Puntualizó que mediante sentencia, el Tribunal Constitucional ha dispuesto que los jueces se aboquen a realizar las debidas diligencias antes de dictar su fallo.
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