Con marchas separadas en la capital venezolana, el gobierno y la oposición medían fuerzas en las calles el sábado tras la escalada de las tensiones que generó la decisión de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de retirar la inmunidad al líder opositor Juan Guaidó y autorizar su enjuiciamiento.
En la víspera, Washington impuso una nueva ronda de sanciones a activos de la corporación petrolera estatal, implicados en el envío de crudos a Cuba, para elevar presiones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Como parte de la denominada “Operación libertad” la oposición convocó el sábado a movilizaciones desde seis puntos de la capital que culminarán con una concentración en la sede de la Corporación Eléctrica Nacional, en el este de Caracas.
Al llamar a los sectores opositores a salir a las calles, Guaidó afirmó el viernes, durante una concentración en el oeste de la capital, que la población no puede conformarse con la falta de los servicios y los instó a protestar para reclamar los derechos.
“O se quedan en la casa presos del régimen o salen a las calles a luchar contra el responsable de la peor crisis”, dijo el jefe de la Asamblea Nacional ante varios cientos de seguidores que gritaban “¡sí se puede!”
Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, también llamó a las fuerzas armadas a que no permita que grupos civiles armados ataquen a la población en las protestas.
A la exhortación del líder opositor se sumó el sábado John Bolton, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, que pidió al ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, que no permita que los “cubanos” y los grupos oficialistas armados, conocidos como “colectivos”, “inflijan violencia” contra civiles que salgan a manifestar. “Todos los ojos están en usted hoy”, expresó Bolton en su cuenta de Twitter al dirigirse al ministro.
La Constituyente aprobó el 2 abril el retiro de la inmunidad parlamentaria a Guaidó por solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, que pidió procesar al dirigente, de 35 años, por desacatar en febrero una orden judicial que le prohibía salir del país mientras enfrenta una investigación por unos supuestos actos violentos.
Tras el apagón nacional del 7 de marzo, que dejó a la mayoría de los estados del país sin luz por cuatro días, los servicios de luz y agua han registrado recurrentes fallas que han desatado protestas en la capital y varias ciudades del interior.
El gobierno ha atribuido las fallas a un plan de sabotaje dirigido por la oposición con el apoyo de Estados Unidos. Analistas y opositores sostienen que la crisis en los servicios en consecuencia de la falta de inversiones y mantenimiento de las instalaciones, y la ausencia de personal especializado debido a que muchos de los empleados de las empresas estatales de luz y agua migraron debido a la crisis económica y social que azoto al país suramericano.
“Continuamos el trabajo permanente para estabilizar, normalizar y proteger el suministro de los servicios públicos”, dijo la víspera Maduro en su cuenta de Twitter al llamar a los venezolanos a seguir juntos en “batalla y en resistencia”.
Desde tres puntos del centro y oeste de Caracas partirán las movilizaciones oficialistas que culminarán en los alrededores del palacio de gobierno donde habrá una concentración en la que se espera la participación de Maduro.
Como “cínica” y “criminal” consideró el gobierno venezolano las sanciones que impuso el Departamento del Tesoro a 34 embarcaciones operadas o propiedad de la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y empresas de transporte que entregaron petróleo a Cuba en febrero y marzo.
Caracas condenó en un comunicado, que difundió el viernes la Cancillería, las sanciones de Washington al que señaló de colocarse “al margen de los más elementales principios legales” con el fin de “generar sufrimiento en pueblos”.DE AP
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