SANTO DOMINGO.-La Comisión de Energía y Minas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) alertó hoy que de materializarse el plan anunciado por el gobierno para vender una gran parte de las acciones y la administración de Punta Catalina, el pueblo dominicano estará pagando dos veces el precio de esa obra.
El Antonio Almonte coordinador de la referida comisión, consideró extraña la afirmación del presidente presidente Danilo Medina el pasado 17 de diciembre cuando dijo que la venta de las acciones de la nueva sociedad comercial Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) tiene el propósito de “recuperar la inversión” realizada en su construcción.
«Se trata de una extraña afirmación, puesto que de los 2,500 millones de dólares invertidos en la construcción de la central – de acuerdo a lo dicho por el ministro de Hacienda Donald Guerrero-, 617 millones serán propiedad en acciones de la CDEEE y 5 millones del FONPER (Fondo para las Empresas Públicas Reformadas), para un total de 622 millones de dólares», dijo Almonte.
Según el esquema de venta anunciado,precisó el experto, la CDEEE venderá el 50% de sus 617 millones, es decir, 308.5 millones, a un inversionista privado que, consecuentemente, se quedaría con la administración y control de una central que ya le está costando al pueblo dominicano más de tres (3) mil millones de dólares, no 2,500 millones como ha dicho el ministro de Hacienda, precisó.
Indicó que el Gobierno de Medina ha decidido que la diferencia entre los 622 millones y los 2,500 millones, ascendente a 1,878 millones de dólares sea registrado como una deuda de la nueva sociedad privada con el Estado dominicano para ser pagada en 30 años.
Empero, señaló que el administrador de Punta Catalina ha explicado a la prensa que la central tendrá venta bruta anual de 561 millones de dólares y beneficio neto de 240 millones, lo cual significa que si se vende el 50% de la termoeléctrica entonces el Gobierno estaría traspasando 120 millones de beneficio neto al inversionista privado que tan solo habría invertido 308.5 millones de dólares, el 10% de su costo, «más aún, con ese negocio el inversionista recuperaría su inversión en dos o tres años, ¡un récord!».
Con ese esquema, advirtió el dirigente perremeísta, el inversionista privado recuperaría su inversión en dos o tres años, mientras que al Estado necesitaría 30 años para recuperar los 1,878 millones de dólares.
El pueblo pagaría dos veces
En síntesis, sostuvo Almonte, el Presidente Medina condujo al pueblo dominicano a que con sus impuestos y sacrificios invirtiera más de tres mil millones de dólares en la construcción de Punta Catalina, «y ahora pretende imponerle la venta de la mitad de las acciones de la central a un inversionista privado por tan solo 308.5 millones que, además, tendría la administración del 100% de la termoeléctrica; más aún, el Gobierno también le concederá al privado un préstamo de 1,878 millones de dólares por 30 años, así como un contrato por igual período para que las distribuidoras de electricidad le compren toda la energía que produzca la central durante esas tres décadas.
«Lo que no dice el Gobierno es que para amortizar la inversión de los 308.5 millones y la deuda de los 1,878 millones el inversionista privado incluirá un porcentaje extra en el precio de la energía que le venderá al mismo pueblo que construyó la central y le hizo el préstamo», advirtió.
Explicó que en un proyecto de generación de electricidad la inversión para instalar una central eléctrica se recupera el inversionista mediante un componente del precio de venta al público que se denomina costo de capacidad. Se trata de un costo fijo que se aplica durante la vida financiera del proyecto, 30 años en este caso, y que si es elevado, así también lo será el precio final de la energía.
Almonte recalcó que con la decisión del Gobierno «los dominicanos pagaremos a Punta Catalina dos veces, primero, ya la pagamos con la inversión hecha para construirla, aportando del presupuesto nacional casi el 70% del capital y también pagando capital e intereses de la parte adquirida mediante préstamos internacionales y locales y, segundo, ahora se le pretende imponer al mismo pueblo que la pague otra vez mediante la compra de la energía a un precio inflado durante tres décadas, precisamente para que el inversionista privado pueda recuperar su inversión y pagar la deuda que le concedió el Gobierno justamente con dinero del mismo pueblo».
Es decir, dijo, el pueblo construyó con su dinero una central sobrevaluada, ahora la vendería subvaluada a un privado y le prestaría también el dinero para que la compre y, además, se compromete mediante contrato soberano de tres décadas a comprarle toda la energía a precio suficiente para pagar capital e intereses de la deuda y al final quedarse como propietario absoluto de una termoeléctrica que tendrá 45 años mínimo de producción.
Calificó esa acción como una maniobra financiera fraudulenta, «un negocio de capaperros».
El PRM propone
A juicio del PRM, la única manera de evitar lo que considera un adefesio financiero es si el Estado mantiene la propiedad de la central puesto que como el capital tomado a crédito por el Estado es mucho menor que el costo total y las plantas de carbón tienen vida útil productiva promedio de 45 años, lo cual permite al Estado asumir un periodo de amortización más largo que 30 años (40 años, por ejemplo), entonces el pago de intereses y capital sería muchísimo menor que con el privado y el precio final de la energía también.
Dijo que para garantizar que las nuevas plantas sean operadas de manera eficiente y técnicamente correcta, libre del clientelismo político, el PRM propone que se contrate una firma internacional experta en operación y mantenimiento de plantas termoeléctricas de carbón mediante un contrato de largo plazo que se derive de una licitación pública internacional.
Manifestó que una iniciativa en ese sentido fue hecha pública el 14 de octubre del 2015 por la propia CDEEE mediante la publicación de una licitación internacional No. CDEEE-01- 2015. Licitación que luego se abandonó sin mediar explicaciones.
Consideró que Punta Catalina podría vender energía por debajo de 8 centavos de dólar el kilovatio hora y el Estado recuperara la inversión en menos de 15 de los 45 años de vida en producción.
Consecuencias negativas de un contrato por 30 años
Almonte también advirtió que al mantener de manera casi fijo durante 30 años el precio de generación de Punta Catalina a las distribuidoras, debido al anunciado contrato de tres décadas, se introduciría una rigidez insostenible de precios elevados en el mercado eléctrico dominicano que impediría a la sociedad beneficiarse en el futuro de la actual revolución energética, basada en cambios tecnológicos, de combustibles y de explotación de fuentes renovables, todo tendente a abaratar sustancialmente los costos de abastecimiento de energía en el mediano y largo plazo.
De igual manera, las empresas distribuidoras atadas durante 30 años a ese contrato con Punta Catalina también asumirían condiciones inconvenientes y pierden capacidad para mejorar sus ingresos con iniciativas de negocios más eficientes.
Además, si en algún momento futuro el Estado decidiera vender al sector privado las empresas distribuidoras, la tarea podría resultar casi imposible debido a la vigencia de un compromiso contractual a precio y tecnología fija por un periodo de tiempo desproporcionado.
«A tan largo periodo para un contrato con precio fijo y garantía soberana expone al Estado dominicano a eventuales demandas y arbitrajes internacionales con el propietario del contrato, si en el futuro resultare insostenible el precio acordado debido al impacto de la abundancia previsible de la oferta de gas natural y otros cambios citados», explicó.
El PRM ratificó su reclamo de que antes de proponer la venta de Punta Catalina el Gobierno tiene la obligación de explicar a los dominicanos cuanto realmente se ha invertido en la construcción de la central. Es lamentable que luego de seis años de construcción la población no disponga de ningún documento oficial sobre la inversión realizada en una central que ahora se pretende vender dizque para “recuperar la inversión”. ¿Cuál inversión Señor Presidente?
El PRM propone que antes de plantear la venta de Punta Catalina el Gobierno debe ordenar una auditoría técnica y otra financiera sobre la pertinencia de los gastos y deudas incurridos durante la construcción.
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