El informe de los Estados Unidos sobre derechos humanos en el país aseguró que durante el año pasado el Gobierno dominicano “no respetó la independencia e imparcialidad judicial”, resaltando además que también ejerció influencia en decisiones judiciales.
También asegura que estas interferencias variaban entre el enjuiciamiento “selectivo”, hasta el descargo de casos en medio de alegaciones de soborno, usualmente cuando se trataban de casos de corrupción de alto nivel, indica el informe estadounidense, correspondiente al año 2020.
“La corrupción del poder judicial fue un problema grave”, leía parte del informe, titulado “Informe anual del departamento de estado sobre los derechos humanos en la República Dominicana para el año 2020”.
Además, en el documento se detalló que la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) denunció que la forma más frecuente de injerencia en asuntos judiciales se desarrollaba cuando las autoridades se negaban a aceptar mandatos de habeas corpus para liberar a los apresados.
El 2020 fue marcado, además de la pandemia del COVID-19, por la transición de la administración de Danilo Medina a la de Luis Abinader, y la subsecuente implicación en investigaciones de la a Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) de varios funcionarios del Gobierno pasado.
Corrupción frecuente
Este reporte también determinó que algunos servidores públicos realizaban actos corruptos que quedaban impunes con frecuencia, asegurando que el Gobierno no imponía las sanciones de lugar para castigar esas situaciones.
Asimismo, se afirmó que en repetidas ocasiones organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaban acciones de esta índole y que, aun así, la corrupción gubernamental continuó siendo un problema “grave” en República Dominicana.
“La ley establece sanciones penales por corrupción cometida por funcionarios. El gobierno no implementó la ley de manera efectiva y los funcionarios con frecuencia se involucraban en prácticas corruptas con impunidad”, indicó el documento.
De igual manera señalaron que la falta de voluntad política fue el principal obstáculo para que las investigaciones fueran llevadas de manera satisfactoria, principalmente si se trataba de empleados públicos o personas con conexiones en el Gobierno.
Entre los casos de corrupción en curso durante el 2020, y que fueron resaltados en el reporte, está el de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, y el denominado caso “AntiPulpo”, donde fueron involucrados varios exfuncionarios de la administración de Danilo Medina.
El reporte presentado por el Departamento de Estado norteamericano indicó que, a pesar de la percepción generalizada de que ese proceso judicial era un paso positivo en la lucha contra la corrupción en el país, activistas se quejaron de la mencionada falta de voluntad para investigar a fondo las alegaciones realizadas en contra de varios exfuncionarios.
Botellas
Otra de las quejas de las ONG contempladas dentro del informe es el uso de los trabajos gubernamentales a modo de clientelismo, así como las acusaciones de que empleados públicos gozaban de un salario proveniente de las arcas del Estado, sin ejercer sus funciones.
Como ejemplo pusieron al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) que a finales de septiembre del 2020 destituyeron a 781 empleados, con el argumento de la institución de que estos no cumplían con las funciones o el perfil requerido para lo que fueron contratadas.
Con esas cancelaciones la Cancillería aseveró que tendría una reducción en gastos mensuales que sobrepasan los RD$222 millones, y que al año podría suponer un ahorro de hasta RD$2,672 millones del presupuesto.
Discriminación
Un aspecto resaltado también fue las instancias de discriminación racial contra personas de tez negra, así como para los ciudadanos haitianos o aquellos que acusan ser de esa nacionalidad.
En este último caso expresaron que organizaciones denunciaron que a nacionales haitianos le fueron negados servicios médicos y de documentación en ocasiones.
“La sociedad civil y organizaciones internacionales informaron que los funcionarios negaron atención médica y servicios de documentación para personas de ascendencia haitiana y migrantes haitianos”, subrayó el informe del Departamento de Estado de los EE.UU.
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