A través de la historia, reformar los cuerpos policiales nunca ha sido tarea fácil, pues son asumidas por los gobiernos cuando detonan hechos tan trágicos como lo sucedido a la pareja de esposos abatidos por una patrulla policial o cuando existe alto grado de corrupción, incapacidad e incompetencia para poder controlar la criminalidad, colocando en un estado de crisis a dicha institución.
En efecto, el estallido de esta crisis ha apresurado la creación de una comisión de notables profesionales para otra “reforma policial”, de la cual no tengo dudas que realizará un trabajo encomiable. Sin embargo, en base a mi experiencia profesional en la institución policial puedo afirmar categóricamente que el problema de la inseguridad ciudadana no solo es un asunto de una reforma policial, pues esto sería colocar la lupa en una parte del cuerpo social afectado.
En este contexto, al ser la inseguridad ciudadana una afección social, debe de ser observada, analizada y tratada como un gran “sistema social”, donde en su “metabolismo” se ha producido una alteración producida por los cambios experimentados por la división del trabajo en base al conocimiento, la tecnología, el cambio en la escala de valores, la carencia de civismo, la falta de respeto a las leyes y a la autoridad, medios que son indispensables para la convivencia social.
Por estas razones, el abordaje correcto a este “sistema social” sería con la implementación de diseños de planes de carácter “parcial” aplicados a cada “subsistema social” (subsistemas de salud, educación, seguridad pública, Ministerio Público), para luego, como Estado, poder analizar el conjunto de todos los órganos parciales y lograr la interacción entre ellos como un todo unificado, bajo la sombrilla de un “plan estratégico nacional”, donde la Reforma Policial es un componte más dentro del subsistema de seguridad pública.
Citaremos los principales desafíos a la Seguridad Ciudadana y la reforma como acción del Estado:
1.- Voluntad política: Pero aquella “voluntad política” planteada por el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau, quien la definía como la sumatoria de los diferentes intereses comunes que convergen en una voluntad general. O sea, que el poder político de turno logre el consenso y coaliciones con los diferentes partidos políticos, el empresariado, las iglesias y la sociedad civil, para la concertación de un gran “acuerdo nacional” a largo plazo para asumir las corresponsabilidades del diseño e implementación de todas las políticas públicas tendentes a garantizar la seguridad, y no ocurra lo que pasó con el anterior Plan de Seguridad Democrática, que fracasó por falta de continuidad de Estado por el siguiente gobierno.
2.- Desarrollar la capacidad de gestión del sistema judicial. Abarcando los subsistemas que la componen, como son: la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y el Penitenciario. ¿Qué ha ocurrido con la capacidad punitiva del Estado? Pues ha pasado del derecho puramente legal al plano político, de lo que podría llamarse el “populismo garantista”, cayendo en una especie de justica selectiva que genera impunidad, desconfianza en las autoridades y, por ende, el fortalecimiento de la delincuencia.
3.- Perfeccionar las propuestas para una reforma policial equilibrada y un cambio de visión del Ministerio de Interior y Policía. Este Ministerio es visto generalmente, como político, donde prevalece la política partidista sobre la conducción profesional de la seguridad interior.
a) Cambio cultural. Es necesario un estudio etnográfico a lo interno de la institución policial, partiendo de que procede un método de investigación social que estudie de manera sistemática la cultura de los diversos grupos internos, constatando las prácticas culturales, sus condiciones socio-laborales, autoestima, orgullo institucional, etc.
b) Fortecer la preveción del delito. Una de las debilidades institucionales es la prevención, y para ello, hay que apoyarse en las ciencias de la inteligencia policial, de la criminología, para el estudio científico de los componentes del delito (víctima, victimario y entorno), del mapeo delictual, y dotar a las patrullas preventivas del uniforme reglamentario y equipamiento completo necesarios para el uso de los diferentes usos de los niveles de la fuerza (desde gas pimienta hasta cámaras portátiles).
c) Centro Nacional de Criminología. Para el fortalecimiento de las políticas preventivas del control del delito en acciones policiales focalizadas, profesionales y amparadas en métodos científicos sugiero esta creación, pues la CRIMINOLOGÍA se auxilia de expertos profesionales de la sociología, psicología, trabajo social, medicina, antropología, matemática, física y química, apoyándose de manera indirecta del derecho penal y de otras ciencias de carácter penal o forense.
4.- Capacidad de enfrentar las situaciones políticas desfavorables. El gobierno debe de soportar las presiones multisectoriales de intereses que convergen en el tema de seguridad, y dar el decisivo respaldo político para dar continuidad a las políticas diseñadas, como también, de estabilidad a los equipos humanos encargados de implementarlas. Además de la “conciencia” estatal y colectiva de que todos estos cambios requieren de tiempo.
5.- Estrategia para la implementación de la reforma policial. Garantizar que el estamento político se involucre en la ejecución y supervisión del mismo, manejando con habilidad y prudencia el delicado proceso de cambios institucionales, desarrollando también las “coaliciones político-sociales” fuera de la policía y las “alianzas internas” en la institución con todos aquellos miembros con liderazgo que estén a favor y dispuestos a “jugárselas” por el cambio.
6.- Vencer la tentación de que las urgencias del momento pospongan la agenda de la seguridad ciudadana. Este último desafío es muy importante contenerlo, pues los políticos cuando detentan el poder suelen ser muy “sensibles” ante situaciones emergentes y tienden a ceder ante la tentación de postergar la agenda de la reforma policial para atender las urgencias del momento político, pero que son menos relevantes frente al interés nacional.
7.- Modificación del Código Procesal Penal y Código Penal. Para fortalecer el desempeño de las autoridades.
Finalmente, felicitamos la firme voluntad del presidente Luis Abinader y ha llegado momento de caminar hacia el futuro. Para los inseguros todo es imposible; para los cobardes, es miedo a lo desconocido; y para los policías con coraje, es la gran oportunidad. ¡Seamos agentes de transformación!FUENTE LISTIN DIARIO
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