La fiscal Rosalba Ramos arremetió este jueves contra la decisión de la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, de imponer como medida de coerción una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el Ministerio Público de homicidio involuntario tras el derrumbe de la discoteca Jet Set.
«La decisión de la magistrada Fátima Veloz deja un profundo sabor a injusticia, especialmente frente a una investigación exhaustiva y bien fundamentada por parte del Ministerio Público, que buscaba hacer valer la ley en nombre de las 235 víctimas mortales, más de 100 heridos y 130 huérfanos que dejó la tragedia del Jet Set», escribió la fiscal en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.
Ramos agregó que la medida de la jueza, dada a conocer la madrugada de ayer, «no solo hiere la memoria de quienes ya no están, sino que también pone en entredicho la esperanza de cientos de familias que claman por justicia».
«No puede haber paz mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo», afirmó la servidora pública.
De su lado, el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó como “una burla a las víctimas” la decisión de la jueza Fátima Veloz, y consideró que esta no valoró en su justa dimensión los hechos.
“Creemos que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que han traído para la sociedad dominicana los hechos; pero, sobre todo, el daño que significa para 235 personas que murieron, más de 180 personas que resultaron heridas y más de 130 niños que quedaron huérfanos como consecuencia de esta conducta y como consecuencia del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat que pusieron sobre el interés de las personas que ahí estaban, las que acudían normalmente a esa discoteca, su interés económico”, agregó.
Asimismo, ponderó que “todo el mundo en el salón de audiencia reconoció la calidad de la investigación del Ministerio Público, eso lo hicieron todos los querellantes y lo hizo también el tribunal en su fallo”.
El magustrado señaló que tribunal reconoció también la calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público al caso, al tratar los hechos con un código penal del siglo XIX que “no contempla otras formas de evaluación de este tipo de acontecimiento, que, realmente, encaja en lo que se conoce como culpa consciente”.
Acusación contra los hermanos Espaillat
El organo persecutor establece que la investigación determinó que los propietarios del Jet Set sobrecargaron la estructura del techo de la discoteca mediante la instalación de climatización de gran volumen, incluyendo seis aires acondicionados de 15 y 20 toneladas cada uno, y tinacos de agua, todo ello sin realizar ningún estudio que garantizara la capacidad de la estructura para soportar dicho peso.
Los fiscales aseguran que Antonio y Maribel Espaillat recurrieron a soluciones paliativas inadecuadas, siempre con la intención de ahorrar recursos, a pesar de tener conocimiento directo y constante de los problemas graves del techo, mediante reportes visuales, fotografías, videos y comunicaciones de sus propios empleados.
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