PAMP pide suspensión inmediata del procurador fiscal de la Romana

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El Patronato de Apoyo al Ministerio Público (PAMP) deploró hoy jueves el secuestro y posterior asesinato del periodista romanse José Silvestre, y exigió al Procurador General de la República disponer la suspensión inmediata del Procurador Fiscal de La Romana, José Polanco Ramírez, con quien el comunicador mantenía una fuerte batalla legal luego de haber denunciado supuestos vínculos del funcionario con el narcotráfico.

Sin que necesariamente se presuma que el Fiscal de La Romana sea autor o cómplice de este horrendo crimen, es procedente que el mismo sea suspendido en sus funciones hasta tanto la comisión investigadora designada por la Procuraduría rinda un informe final sobre las circunstancias en que perdió la vida el periodista Silvestre; esto evitaría que se contaminen las investigaciones, expresó el abogado Alberto Tavárez, Presidente Ejecutivo de la entidad, mediante una declaración de prensa.

La institución no gubernamental se une así al reclamo del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y la organización Amnistía Internacional, en la exigencia de que las autoridades dominicanas garanticen una rápida y completa investigación sobre las circunstancias que rodearon la muerte de José Silvestre y llevar ante la justicia a los responsables.

“El hecho de que el mismo día del crimen el comunicador estuviera citado para comparecer a una audiencia en la cual tenía como contraparte al Procurador Fiscal de la Romana, como consecuencia de un litigio sostenido por ambos en los tribunales a raíz de denuncias hechas por Silvestre de supuesta complicidad del titular del ministerio público con el crimen organizado, es una razón más que suficiente para que el Procurador General disponga que Polanco Ramírez sea investigado y separado de inmediato de las investigaciones”, precisó Tavárez.

El Patronato de Apoyo al Ministerio Público consideró que un crimen de esa naturaleza no puede quedar impune, porque el mismo constituye un atentado contra la libertad de expresión y una vulneración al estatuto de seguridad personal que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos.