El presidente de la organización empresarial, Víctor Castro, se pronunció en esos términos a propósito de la decisión del Consejo de Ministros de someter un Proyecto de Presupuesto para el año 2015 por un monto de 630 mil 934 millones de pesos.
El dirigente empresarial consideró que si bien la administración del presidente Danilo Medina privilegia el gasto social, especialmente en educación, no es menos cierto que la asignación de recursos pudiera ser más eficiente si el Estado prescindiera de “reconocidas rémoras”.
“Es imperioso poner fin al clientelismo que mantiene vivas a entidades públicas que todo lo que hacen es duplicar funciones, obstaculizar, gastar mucho dinero y servir de centros de negocios particulares”, expresó Castro.
Indicó que no tiene sentido mantener un Fondo de Desarrollo Agropecuario (Feda) si existe el Banco Agrícola, como tampoco hace sentido transferir recursos a la Oficina Supervisora de Obras del Estado teniendo un Ministerio de Obras Públicas.
Sostuvo que es ilógico mantener abierta la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS), un departamento de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), que cuenta hasta con su propio consejo montado en yipetas y ganando sueldos de lujo.
Castro indicó que las tres empresas distribuidoras de electricidad deberían ser una sola con menos personal y que es absurdo seguir pagando sueldos al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y hasta a la Rosario Dominicana y a CORDE.
El presidente de la AEIH subrayó que sólo “el clientelismo y la piñata política” justifican que se mantengan en operación entidades anacrónicas como el Instituto de Estabilización de Pecios (Inespre), el Instituto Azucarero Dominicano (Inazucar), el Instituto del Aguja (Inaguja) y una serie de entidades que intervienen en la política del transporte “en forma alocada y pisándose los talones.”
“Países como Perú han convertido en una sola todas las superintendencias vinculadas con temas financieros, como banca, seguros, pensiones y mercado de valores. Aquí tenemos cuatro, con cuatro jorocones llenos de privilegios y una nómima supernumeraria”, expuso Castro.
Se preguntó cómo es posible que con un Gabinete Social tan portentoso, el Gobierno siga manteniendo en el presupuesto a la Oficina para el Desarrollo de la Comunidad (ODC) y de vigencia al Instituto Nacional de Créditos Cooperativos (Indecoop) existiendo una Superintendencia de Bancos.
“Tenemos que reflexionar sobre si necesitamos un ministerio de la Juventud y otro de la Mujer y qué haremos con la CDEEE si contamos con un Ministerio de Energía y Minas”, señaló el dirigente empresarial.
Llamó la atención sobre instituciones que en el país nunca podrán funcionar, por razones de grandes intereses políticos y económicos, como la Comisión de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia).
“En un acto de sinceridad y transparencia, esta entidad debería ser cerrada y su ley anulada, pues nunca funcionará”, subrayó.
Lamentó que los bolsillos de los contribuyentes sean exprimidos para mantener a entidades públicas que son totalmente inútiles, aunque forman parte de la “la ración del boa”.
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