La Procuraduría General de la República informó este jueve que concluyó la primera fase de los interrogatorios que efectuaba a personas con relación al caso de sobornos ejecutados en el país por la compañía Odebrecht.
Asimismo, dijo que ampliará las investigaciones que ejecuta en procura de construir “un expediente fuerte” y aseguró que en lo adelante, en la medida en que las pesquisas indiquen, oportunamente serán requeridas otras personas físicas y empresas, que hayan tenido relación directa o indirecta con Odebrecht.
La ampliación de las investigaciones incluye verificar y contrastar las informaciones y documentaciones obtenidas con los 16 funcionarios, ex funcionarios, legisladores, ex legisladores, y con otros vinculados a Odebrecht, que hasta el momento han sido citados para declarar.
La Procuraduría reiteró que existe un compromiso firme de parte de la multinacional brasileña para pagar la indemnización exigida cuyo monto es por US$184 millones, suma que duplica lo reconocido por la constructora como recursos destinados a sobornos para resultar favorecida con contratos de obras del Estado.
La declaración de la Procuraduría señala que este es el acuerdo más alto logrado por autoridades en países de Hispanoamérica afectados por sobornos de la empresa brasileña, ya que se ha tomado como referencia la ley dominicana que castiga el soborno, para que la misma pague el doble de la suma que reconoce ha utilizado en actividades ilícitas, indica una nota de prensa.
Recordó que se han solicitado informaciones por vía oficial a autoridades en el exterior de -Brasil y Estados Unidos-, con las cuales se mantiene contacto fluido para conocer cuanto antes los detalles que habrían confesado ejecutivos de la constructora brasileña sobre sus actividades en la República Dominicana, con especial interés en obtener los nombres de los que figuran como sobornados en esos documentos.
Reiteró que en este caso, el Ministerio Público busca construir un expediente fuerte, por lo que está siendo lo debidamente cauteloso en las pesquisas y diligencias afines, destacando que las mismas son mayores que las que puede difundir, para así no entorpecer el proceso, según manda la ley.
Los funcionarios
Los primeros convocados por la Procuraduría a declarar sobre este caso fueron los actuales responsables de entidades estatales relacionadas con la multinacional brasileña, el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Orlando Mazara; el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Gonzalo Castillo Terrero, quienes además suministraron importante documentación preliminar.
También, aunque luego informaron sobre no haber suscrito contratos con Odebrecht, fueron citados el director general de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD), Alejandro Montás; el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olgo Fernández, y el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán.
La lista de funcionarios de pasados gobiernos que han comparecido, incluye a los ex vicepresidentes de la CDEEE, Radhamés Segura y Cesar Sánchez; los ex ministros de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa y Manuel de Jesús Pérez (Freddy), y a los ex directores de INAPA, Frank Rodríguez, Alberto Holguín y Roberto Rodríguez. También el ex administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Rafael Suero Miliano.
Además los ex presidentes del Senado Andrés Bautista García y Jesús Vásquez Martínez (Chu), y el ex presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco Ozoria, quienes lideraron desde sus posiciones la aprobación de diversos contratos de Odebrecht.
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