El Gobierno está en el proceso de elaborar los procedimientos y establecer mecanismos para el inicio de la disolución de la Corporación Dominicana de Empresas Estado (CORDE), en cumplimiento de la disposición que en ese sentido dio el presidente Danilo Medina.
“La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo tiene ahora que pensar junto con otras instancias relevantes del gobierno, cómo llevar a cabo este proceso”, dijo el Consultor Jurídico, Flavio Darío Espinal.
En ese orden, adelantó que como parte del proceso verán todo lo relativo al inventario de los bienes, las nóminas, y el estado de situación con respecto a los derechos y obligaciones desde el punto de vista contractual.En entrevista concedida a Listín Diario, Espinal dijo que la Contraloría General de la República deberá determinar todo lo relativo a los créditos y deudas de esas esas empresas.
“Todo esto es para que podamos tener, primero, un diagnóstico del Estado de situación respecto de CORDE y luego en función de eso proceder a determinar cómo iniciar el proceso de disolución con un calendario definido”, precisó Espinal.
A su juicio, lo mejor es que el Estado les ponga fin a esas empresas, se quite esa carga y le pueda dar un correcto y apropiado manejo a los bienes que pueda tener CORDE.
El funcionario dijo que una parte importante en el proceso de disolución de CORDE, es estudiar la situación de los empleados, porque bajo ninguna circunstancia el Estado los va a desamparar.
“Habría que ver cuál es el Estatus de ellos y ver sus derechos, determinar si habrá una terminación de su estatus laboral o si serán reubicados en otras instituciones”, sostuvo.
Para esa parte de los empleados, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo plantea que el Ministerio de Administración pública tendría una participación determinante.
“Obviamente que el presidente de la República no va a desamparar a personas que se han dedicado parte de sus años a trabajar en empresas de CORDE, y que han hecho vida ahí desde el punto de vista profesional, por eso decía que hay que hacer un balance sobre el estado de situación de ellos”, sostuvo.
Espinal precisó, además, que como parte del proceso solicitarán al tribual competente la nulidad de los actos de venta de las tres parcelas que eran de CORDE y que tienen que ver con el Caso de los Tres Brazos.
“Unos de los propósitos, tal y como recomendó la comisión, era revertir la venta y llevarlo al punto en que se encontraba originalmente en el estado anterior, para luego volver atrás y los títulos individuales poder traspasárselos a los ocupantes de los terrenos”, apuntó, el consultor jurÏdico del Poder Ejecutivo.
Dijo que en el caso de las familias ocupantes que demuestren bajos ingresos, recibirían sus títulos de propiedad de manera gratuita, mientras que a los demás se les entregaría mediante el pago de un precio asequible de acuerdo al perfil socioeconómico.
Agregó que se trata de un proceso que se lleva un tiempo considerable, porque envuelve elementos legales.
“No es como un acto de magia, de la noche a la mañana, hay aspectos legales, hay aspectos judiciales, hay aspectos laborales e institucionales, en sentido general que hay que cumplir, pero el ministro Montalvo ha manifestado la disposición del presidente de la República de que sea de inmediato”, precisó Espinal.
En ese sentido, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo dijo que el gobierno espera la cooperación de los poderes públicos y de los diferentes actores institucionales que intervienen en el caso para poder cumplir con la disposición a la mayor brevedad posible.
LA COMISIÓN Y SUS RECOMENDACIONES
El pasado 28 de diciembre, a raíz de que surgieran denuncias de ventas de terrenos de Corde en el sector Los Tres Brazos y de algunos intentos de desalojos, el presidente Medina emitió el decreto 392-16, mediante el cual ordenó la suspensión inmediata de toda operación de venta o reventa, así como los procesos de desalojos contra los actuales ocupantes de los terrenos.
El pasado 28 de diciembre, a raíz de que surgieran denuncias de ventas de terrenos de Corde en el sector Los Tres Brazos y de algunos intentos de desalojos, el presidente Medina emitió el decreto 392-16, mediante el cual ordenó la suspensión inmediata de toda operación de venta o reventa, así como los procesos de desalojos contra los actuales ocupantes de los terrenos.
Mediante ese decreto el presidente creó una comisión para rendiera un informe sobre el caso, por lo que al concluir las investigaciones recomendaron, que se procediera a disolver Corde y la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP),
En atenciÚn a esa recomendación Medina instruyó al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo para que inicie el proceso de disolución de ambas entidades en mel menor tiempo posible.
A partir del año l997 por ley, el Poder Ejecutivo instruyó la capitalización de las empresas públicas y mediante ese proceso algunas fueron capitalizadas mientras que otras, se procedió a la modalidad la transferencia.
“Entonces hemos visto que han pasado los años y no se ha concluido con ese proceso, por lo que el presidente de la República por medio del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo ha expresado que acoge esa y las demás recomendaciones de la comisión”, precisó Espinal.
SU HISTORIA
La Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), constituye una serie de empresas de la República Dominicana, propiedad del Estado, que estaba compuesta por 24 empresas donde el principal accionista era el Estado Dominicano.
La Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), constituye una serie de empresas de la República Dominicana, propiedad del Estado, que estaba compuesta por 24 empresas donde el principal accionista era el Estado Dominicano.
Corde tuvo su origen en la época de Rafael Leónidas Trujillo, en la creación de empresas personales, a través de la adquisición de fincas y otros negocios a base de muy bajos precios a través de presión política.
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