SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Si existió maniobras fraudulentas para beneficiar a una empresa, el Estado Dominicano está en todo el derecho de abstenerse a seguir realizando pagos sobre la base de una contratación ilícita.
Así lo considera el movimiento Marcha Verde al referirse sobre la deuda de más de 13 millones de dólares que supuestamente tiene la Junta Central Electoral con la empresa española que le vendió los equipos para el conteo de los votos del pasado proceso electoral.
Carlos Pimentel, uno de los representantes del movimiento verde también reaccionó a la ratificación de libertad bajo fianza a favor de Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, imputados por el caso Odebrecht.
Advirtió que continuarán demandando sanción para los casos de corrupción pendientes en el sistema judicial.
Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el anuncio de cuatro foros regionales que realizará la Marcha Verde los días 26 de noviembre, 3,10 y 17 de diciembre para el proceso de consulta popular y elaborar allí el programa nacional por el fin de la impunidad.
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