El Departamento de Estado de Estados Unidos resaltó que el Gobierno dominicano no ha implementado correctamente las leyes para aplicar penas criminales contra funcionarios públicos acusados de corrupción.
“El gobierno tomó algunas medidas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, pero hubo informes generalizados de impunidad y corrupción oficiales, especialmente entre los altos funcionarios”, explica el reporte anual de los Derechos Humanos publicado por el departamento de Estado.
También indica que a pesar de que leyes dominicanas establecen un poder judicial independiente, el Gobierno “no respetó la independencia judicial y la imparcialidad”.
El informe de 2019, publicado este miércoles por el Departamento de Estado, señala que hubo enjuiciamientos selectivos y despidos de casos en medio de denuncias de soborno o presión política indebida.
“El poder judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del poder judicial era un problema grave”, manifiesta el estudio.
Indica que la forma más frecuente de interferencia con las órdenes judiciales se produjo cuando las autoridades se negaron a cumplir con los recursos de Habeas Corpus para liberar a los detenidos.
Detalla que en septiembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia comenzó el juicio contra seis de los 14 vinculados en el caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, acusada de haber pagado 92 millones de dólares como soborno por contratos de obras del Estado.
“Los seis acusados incluían un senador, un representante de la cámara baja, un exsenador y un exministro de Obras Públicas. La sociedad civil acogió con beneplácito el juicio como un paso adelante en la lucha contra la corrupción, pero los activistas destacaron lo que percibían como falta de voluntad política para investigar a fondo el caso, que involucraba a las élites políticas y económicas del país”, detalla el informe estadounidense.
De acuerdo con un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación además de los 92 millones dólares, Odebrecht distribuyó otros 39.5 millones de dólares en sobornos durante la construcción de la planta de carbón de Punta Catalina.
“Después de que este informe se hizo público, la Oficina del Fiscal General interrogó a consultores financieros involucrados en el proceso de licitación de la planta, pero no presentó cargos adicionales. El fiscal general y una comisión designada por el gobierno desestimaron previamente las acusaciones de irregularidad en el proceso de contratación de la planta”, señala.
Según varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) utilizada como fuente por el Departamento de Estado, muchos funcionarios recibían un salario del Gobierno sin realizar ningún trabajo y que algunos municipios pequeños tenían más empleados en la nómina de lo que podían alojar sus oficinas físicas.
También denunciaron que de acuerdo con los ciudadanos dominicanos hubo actos de corrupción por parte de varios funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, incluidos agentes de policía, funcionarios de inmigración y funcionarios de prisiones.
Además indicó que el Gobierno utilizó castigos no judiciales por corrupción como el despido o la transferencia de personal militar, policías, jueces y otros funcionarios menores.
Otro de los puntos que condenó el informe de los Derechos Humanos es que algunos funcionarios del Estado no hicieron pública la declaración de sus bienes a pesar de que Ley indica que el presidente, el vicepresidente, los miembros del Congreso Nacional, entre otros oficiales deben presentar la rendición de sus bienes.
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