La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA), encabezada por el expresidente de la República de Chile Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que estuvo en el país previo y durante las pasadas elecciones municipales, advirtió a la Junta Central Electoral la necesidad de fortalecer el sistema judicial electoral.
“La Misión ha sido testigo del proceso de reforma continua que ha emprendido República Dominicana para fortalecer su sistema de justicia electoral que, sin embargo, aún presenta algunos retos”, dice el informe.
La misión entiende que el papel que la Constitución le otorga al Tribunal Superior Electoral (TSE) como máxima autoridad de lo contencioso electoral se ha visto disminuido en épocas recientes, por vía de una interpretación en exceso restrictiva de sus competencias legalmente establecidas.
Pusieron como ejemplo que el Tribunal Constitucional reiteradamente ha fallado sosteniendo que la revisión de los actos administrativos de la JCE le compete al Tribunal Superior Administrativo (TSA), desconociendo el hecho de que los actos de la JCE son formalmente administrativos pero materialmente electorales, lo que ha ocasionado que el TSA hoy se pronuncie sobre cuestiones como la ubicación de los partidos políticos en la boleta.
“Esta fragmentación de competencias abona a la incertidumbre jurídica, afecta la especialización y la unificación de criterios en la jurisprudencia electoral, genera confusión en los actores políticos y dificulta garantizar una justicia oportuna, toda vez que la jurisdicción contencioso-administrativa no está prevista para operar dentro del calendario electoral”, plantearon.
La Misión tomó nota de que gran parte del caudal contencioso del TSE obedece a apelaciones e impugnaciones de decisiones adoptadas a nivel local que demuestran, en muchos casos, falta de conocimiento técnico de las JEM en temas judiciales.
Vieron positivo que el sistema penal electoral, en la reciente reforma se incorporó a la legislación dominicana un catálogo de delitos electorales, que vino de la mano de la creación de la Procuraduría Especializada para la investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales.
Ante esas observaciones recomendaron proveer a las Juntas Electorales de mayores capacidades técnicas en la resolución de asuntos contenciosos, lo que aliviaría la carga de trabajo del TSE y le permitiría enfocarse en los temas de mayor impacto en el proceso electoral.
“Las elecciones municipales de 2020 marcaron un hito para la institucionalidad electoral dominicana y para su relación con las organizaciones políticas y la sociedad civil. La Misión considera que las lecciones aprendidas en este desafiante proceso pueden sentar las bases para la exitosa organización y conducción de las elecciones presidenciales y congresuales, cuyos preparativos ya se encuentran en marcha”, añadieron.
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