Danilo Medina entregó el poder el pasado 16 de agosto. Esa banda presidencial, símbolo del poder político en República Dominicana, pasó a Luis Abinader.
Ese paso convirtió a Danilo Medina en un ciudadano común por primera vez en ocho años, cuando estuvo a la cabeza del Poder Ejecutivo por dos mandatos consecutivos.
Durante los últimos días de su gobierno, el exmandatario tuvo un agitado curso con inauguraciones y disposiciones finales de sus gestiones. Esta historia recoge las cosas que decidió Danilo Medina como presidente de la República durante el mes de julio.
El presidente Medina emitió un total de 12 decretos, entre ellos ascensos de militares y policías, la aprobación del aeropuerto de Bávaro, naturalización de extranjeros y destituciones de varios de sus funcionarios, además de la declaración del actual Estado de Emergencia y Toque de Queda.
Uno de los decretos más llamativos de ese mes fue el 262-20 mediante el cual se le concede la naturalización dominicana a un total de 750 extranjeros de diferentes nacionalidades.
Pero también hubo ascensos a militares y policías, incluyendo uno al hermano de Gonzalo Castillo.
Los decretos 263-20 y el 264-20, sobre ascensos de militares y miembros de la Policía Nacional llamaron la atención de la ciudadanía ya que uno de los beneficiados es hermano de quien fuera el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.
En el decreto 263-20 se ascendieron al coronel de la Fuerza Aérea Huascal Darío González Payano y a los coroneles del Ejército Rafael Vásquez, José Manuel Durán Infante y Ricardo Castillo Terrero al rango de general de brigada. Este último es el hermano del excandidato del entonces partido oficialista. El 264-20 ascendió a cuatro coroneles de la policía al rango de general, entre ellos el aún vocero de la institución, Frank Félix Duran Mejía.
Pensión a viuda de Víctor Víctor
Otro que generó varios titulares en los medios de comunicación fue el 269-20 que otorgó una pensión especial a la esposa del cantautor Víctor Víctor, quien falleciera el pasado 16 de julio a causa del coronavirus.
La medida indica que la señora Zobeida Ferreras de Víctor, recibirá una pensión de RD$96,000.00 mensuales.
El aeropuerto de Bávaro
Quizás el decreto que más ruido en la opinión pública generó fue el 270-20 donde se aprobó el establecimiento del Aeropuerto Internacional de Bávaro, en el paraje Tres Piezas, del sector El Salado, del municipio Salvaleón de Higüey, de la provincia La Altagracia.
Esto porque este se ubicaría a solo 16 kilómetros, equivalentes a dos minutos de vuelo, del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
El cinco de agosto, la Corporación Aeroportuaria del Este depositó una denuncia ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en la que atribuyó posibles actos de corrupción para aprobar el proyecto dirigiendo esta acción legal contra la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y siete de sus funcionarios que dieron la no objeción que facilita la ejecución de la obra.
José Ignacio Paliza, hoy ministro administrativo de la Presidencia, dijo en su momento que el Gobierno no consultó con las autoridades electas la autorización para la construcción del nuevo aeropuerto en la región este y que esto revisaría una vez asumieran. Hasta el momento el nuevo gobierno no se ha expresado sobre el caso.
Los demás
Las tres disposiciones del Poder Ejecutivo siguientes, el 265-20, 266-20 y 267-20, estuvieron relacionadas a las implementaciones del Estado de Emergencia, por 45 días, y el Toque de Queda, como medidas preventivas para combatir el brote de coronavirus (Covid-19) en el país. Esto había sido consensuado con los nuevos gobernantes.
Los primeros funcionarios destituidos llegaron con el decreto 268-20 donde fueron derogados de sus funciones Milcíades Alcántara y Vicente Antigua Javier quienes se desempeñaban como subdirectores de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado para las regiones sur y norte, respectivamente, desde el 23 de enero del 2013. El decreto 271-20 concedió la incorporación de varias asociaciones cooperativas.
En los decretos 272-20 y 273-20 fueron dejados sin funciones 32 funcionarios del estado, asesores del Poder Ejecutivo y secretarios de estados sin cartera, entre los que se destaca Adriano de Jesús Abreu Pérez quien era subsecretario de estado de la Juventud.
El último decreto de Medina en el mes de julio fue el 274-20 que le concede la nacionalidad dominicana, a título de “naturalización privilegiada”, a Víctor Ramón Giordani Campollo.
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