Haití se halla al borde del abismo. El prestigioso economista y político Fritz Jean analiza la situación creada en el país tras el intento de golpe de estado, con supuesto plan de asesinato, denunciado por el plenipotenciario presidente Jovenel Moise al que amplios sectores consideran ilegítimo al entender que su mandato caducó el pasado 7 de febrero. Jean afirma que Moise, a quien denomina ‘expresidente’, desea instaurar una dictadura en Haití y le acusa de orquestrar un “golpe de estado imaginario”.
En la siguiente entrevista, el presidente del Observatorio del Instituto Haitiano de Políticas Públicas (INHOPP) advierte sobre la “situación explosiva” en un país profundamente molesto por el apoyo internacional al cuestionado mandatario aunque espera una próxima rectificación de la nueva administración estadounidense. También señala a las élites haitianas por contribuir al empobrecimiento de la población y al establecimiento de una sociedad de apartheid silencioso.
¿Cuál es la situación actual en Haití tras los sucesos del domingo 7 de febrero? ¿Cuál es el origen de esta crisis?
De acuerdo con la Constitución haitiana, el mandato del expresidente Jovenel Moise finalizó el 7 de febrero de 2021. El Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ), y La Federación de Abogados de Haití así lo constatan. La Conferencia Episcopal de Haití, en nota enviada a la nación el 2 de febrero de 2021, recuerda que el Presidente de la República ha aplicado la ley electoral para diputados, senadores y alcaldes en años anteriores. Afirmó así la unidad de la ley para todos los funcionarios electos, incluido él mismo, proclamando así que la ley es una para todos. Por lo tanto, los obispos pidieron al expresidente que respete la Constitución y acepte el fin de su mandato el 7 de febrero de 2021.
Al aferrarse al poder, el expresidente se ha levantado contra la ley madre del país y se opone a todas las organizaciones de la sociedad civil - organizaciones de derechos humanos, sindicatos, académicos, iglesias - que se oponen a esta violación de la Constitución y a la deconstrucción de las instituciones que nos quedan. De hecho, para socavar cualquier deseo de los funcionarios estatales de respetar la ley y la Constitución, el expresidente ha instrumentalizado a la Policía Nacional y ha arrestado y humillado a un juez del Tribunal de Casación, Yvickel Dabresil*, por un golpe de Estado imaginario. El exrepresentante parece obligar a los haitianos, por todos los medios, a acompañarlo en su realidad alternativa.
Tras esta decisión unilateral del expresidente de la República de permanecer en el poder más allá del 7 de febrero de 2021, a través de la violencia, el despilfarro de fondos estatales con firmas de lobby en Washington, y la manipulación de los medios de comunicación, Haití se encuentra en una situación explosiva.
Al mantener un estado depredador, que apenas proporciona algunos servicios básicos a la población, las élites haitianas, en conjunto, han contribuido al empobrecimiento de la población y al establecimiento de una sociedad de apartheid silencioso. La forma última de esta configuración es la captura del Estado por una franja de élites económicas y unos pocos políticos emprendedores, por la instrumentalización de los órganos estatales y la cooptación de grupos armados juveniles para mantener sus competencias. La crisis actual no es más que una manifestación de la exacerbación de los conflictos entre estos grupos y el resto de la población desalentada.
¿Está el país al borde de una guerra civil, de un enfrentamiento armado?
Dudo mucho que se produzca un enfrentamiento armado en Haití. Si la crisis no se resuelve en un plazo razonable, seguramente habrá algunas escaramuzas aisladas de ciudadanos cansados del insostenible nivel de exclusión económica y social. Además, los síntomas de la desesperación son visibles: emigración desordenada a las islas del Caribe y América Latina; botes que invaden las costas de Florida, la prostitución de los jóvenes, el uso de jóvenes en bandas armadas… La violencia, ya insostenible con secuestros, violaciones y asesinatos, se incrementará hasta que los actores de la sociedad civil y los del sector empresarial que han permanecido en silencio ante las violaciones a la Constitución y los derechos humanos, se sumen a las demandas de la población activa contra los abusos de este Estado delincuente. Obviamente, el apoyo a veces tácito de actores de las principales capitales del mundo en Norteamérica y Europa a los actuales funcionarios en Haití los refuerza en sus acciones antidemocráticas y contribuye a avivar la violencia estatal. Una posición clara a favor del Estado de Derecho contribuirá, sin duda, a desactivar esta bomba social.El presidente de Haití ha denunciado que hubo un intento de golpe de estado con un plan para asesinarle.
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