Los abogados del mayor general Adán Cáceres Silvestre anunciaron que recurrieron en apelación la decisión que lo envía a prisión.
Señalan de irregular su prisión "ya que a su cliente se le desconocieron todos sus derechos y se violentó el debido proceso de ley".
Romer Jiménez, quien fungió de vocero del consejo de defensa, dijo que el recurso fue presentado en contra de la resolución de la jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, quien dispuso 18 meses de prisión en contra de su defendido y otros implicados en el caso.
Consideró que las violaciones al debido proceso y a los derechos fundamentales de Cáceres Silvestre harán colapsar la operación Coral y que al final "solo perderá la noble lucha contra la corrupción que quedará desacreditada".
En rueda de prensa en un hotel de esta capital, explicaron que Adán Cáceres ofreció documentos que prueban el origen de su patrimonio y el Ministerio Público rechazó recibirlos, al señalar que esto es insólito en un proceso en el que lo que se busca es exactamente que el acusado pruebe la forma en la que adquirió los bienes que posee.
Calificaron de absurdo que el Ministerio Público afirmara que el resultado del desfalco al Estado Dominicano supuestamente cometido por Adán Cáceres mientras fungió como Jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) en el período 2012-2020, suma 3 mil millones de pesos.
Manifestaron que se percibe que la solicitud de medida de coerción fue elaborada sin ningún rigor, pero sí con la intención de explotar el sensacionalismo, puesto que deja de lado el hecho cierto y comprobable de que esos recursos representan la totalidad de los fondos asignados al Cusep en los 8 años investigados.
Sostuvieron que el MP requirió a su cliente para comparecer al Ministerio Público y ser cuestionado sobre su patrimonio, respondiendo este a todas las preguntas que les formularon Yeni Berenice y Wilson Camacho. No hubo en esas entrevistas una sola cuestión que no fuera claramente explicada.
Destacó que durante los interrogatorios no se produjo ninguna interrupción por parte de los abogados que les acompañaban, pues él afirmó que más que estar en disposición de responder sin reservas, estaba en la obligación de hacerlo.
Precisaron que todo el tiempo su defendido manifestó que no tenía razones para ocultar nada y que podía explicar cualquier duda que existiere en torno al hecho de que se le acusaba.
Indicaron que no obstante la colaboración su cliente en las investigaciones y las satisfactorias explicaciones reconocidas por los miembros del ente acusador que lo cuestionaban, unas horas después de iniciada la segunda entrevista, este fue detenido en el propio despacho de Berenice Reynoso. Para ello se utilizó un escandaloso aparataje militar de fuerzas especiales.
Dijeron que para su arresto se invocó la existencia de una orden de arresto que nunca fue entregada ni al detenido ni a sus representantes legales presentes, en desconocimiento y violación a lo previsto por la ley. Allí iniciaron las violaciones al debido proceso contra el ciudadano Adán Cáceres.
Expresaron que su defendido no tuvo más contacto con sus abogados, esto en franca violación a la ley que dispone que desde el primer momento de su detención una persona tiene derecho a ser asistido por un abogado de su elección.
Denunciaron que la limitación de los derechos de su cliente de reunirse con sus abogados le impidió analizar los cientos de documentos entregados de manera digital por el MP como supuestas pruebas, y preparar los medios de defensa frente a la medida de coerción solicitada en su contra
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