La suspendida coronel de la Policía, Ysabelita de los Santos, al llegar hoy al tribunal.
La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó hoy la imposición de medida de coerción, consistente en el pago de garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica contra la coronel Ysabelita de los Santos Pérez y otros implicados en la agresión al defensor del Pueblo junto a un grupo de periodistas durante una intervención al Centro de Retención Vehicular (canódromo), el 11 de abril de este año.
El pedimento fue hecho como parte del juicio preliminar que se conoce hoy contra la exdirectora del canódromo, por la agresión al defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.
La Fiscalía, además, está pidiendo el envío a juicio de fondo de los imputados, para que responda por la agresión de que fue objeto Ulloa. Al pedimento del Ministerio Público se sumó el Defensor del Pueblo, a través de su suplente Roberto Quiroz.
El juicio preliminar a los imputados es conocido por la juez interina Franchesca Potentini.
A su llegada al tribunal, la coronela de los Santos Pérez rehusó emitir criterios sobre el juicio preliminar que se le conoce junto a otros seis imputados.
Tras ser abordada por este medio, rehusó emitir comentarios sobre lo que espera del proceso y de la posibilidad de un acuerdo con la parque querellante.
Los demás imputados en el hecho son Geraldina de los Santos Peña, Marisol Vargas, Nataniel Javier, Starling Ramírez, Ronny Recio Rosario y Carlos Oliver Borque Paulino.
A la audiencia están citados el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, el secretario general de ese ente, Harold Modesto, la periodista Lourdes Aponte y el fotógrafo Raúl Asencio, de Listín Diario, y el camarógrafo Víctor Olivo, de la estación CDN.
El ministerio público está representado por las fiscales de la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía del Distrito Nacional, Minerva Batista Hernández y Santa Matilde Reyes Valenzuela.
Según la acusación, los imputados agredieron física y verbalmente a las víctimas en abril pasado, cuando una comisión encabezada por Ulloa visitó el lugar, dirigiéndose al despacho de la responsable del Canódromo, bajo tutelaje de la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre (Digesett).
Vargas, Javier y De los Santos Pérez fueron acusados de propinar golpes y heridas, delitos sancionados por el artículo 309 del Código Penal. Mientras, De los Santos Peña fue acusado de violación de los artículos 5 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La acusación indica que los imputados agredieron a las víctimas de manera física y verbal, cuando la comisión encabezada por Ulloa llegó al canódromo.
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