La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) presentó este miércoles una recusación contra los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, seleccionados para conocer el nuevo juicio de fondo contra los acusados de recibir sobornos en la compra de ocho aviones Super Tucano.
La PEPCA, entre los argumentos, sostiene que los magistrados Keyla Pérez Santana, Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Bautista prejuzgaron un incidente de extinción, el cual ellos mismos han calificado como perentorio.
Explica que, dicho incidente puede ser planteado en cualquier momento, incluso si ha sido anulado por la Corte de Apelación, como ocurre en este caso. Esto, a su juicio, implica que los jueces recusados ya han fijado posición sobre una cuestión procesal que podría resurgir, comprometiendo su imparcialidad e independencia al momento de conocer el proceso.
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«Es necesario resaltar el hecho de que los jueces recusados le han ocasionado un grave retraso a este proceso, poniéndole fin con una decisión sobre la extinción de la acción penal sin que se hayan producido demoras injustificadas; desconociendo los precedentes de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional sobre la materia, precedentes que ya han dado lugar a la revocación y anulación de sentencias del mismo tribunal por los mismos motivos», así consta en el documento depositado por el órgano persecutor, al cual Hoy Digital tuvo acceso.
Imputados
En este caso son procesados el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como las firmas 4D Business Group y Magycor.
Al grupo se le atribuye haber recibido sobornos de los US$3.5 millones distribuidos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Super Tucano en 2007.
El Ministerio Público durante el juicio anterior pidió al tribunal la imposición de 10 años de prisión para Peña Antonio, Piccini Núñez y Aquino Hernández, por la comisión de los delitos que les fueron atribuidos. Igualmente, solicitó el pago de una multa consistente en US$7 millones.
También, contra cada una de las compañías solicitó el pago de una multa de 100 salarios mínimos.
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