Vincho pide investigar qué sucedió con Biwater DICE QUE GANÓ MILLONARIOS CONTRATOS EN ACUEDUCTOS EN LA RD

El doctor Marino Vinicio Castillo, presidente de la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción, dijo que recibió en el INAPA una extensa y meticulosa explicación que “podría servir para el esclarecimiento de esta enojosa y sensible situación”.                                                                                                                                                    Santo Domingo

En la sospecha de que todavía falta mucho por esclarecer en un caso de intento de soborno o pagos ilícitos que involucra a una empresa británica y a la justicia dominicana, el presidente de la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción ha pedido a la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción que investigue por qué la Biwater International se marchó del país tras ganar millonarios contratos en acueductos.

El doctor Marino Vinicio Castillo (Vincho) ha dirigido una carta al director del DPCA, Lic. Hotoniel Bonilla, en la que lo impone de sus sospechas sobre “onerosos sobreprecios en las obras ejecutadas” y le advierte que el Estado podría “resultar afectado y dañado por operaciones de cobro compulsivo, acompañado de embargos, de la exorbitante suma de 9 millones de dólares que se reclamaran en justicia a la empresa inglesa”.

El doctor Castillo hace alusión a una queja que formulara en noviembre el embajador del Reino Unido en el país, Steven Fisher, delante de las máximas autoridades de entonces del Poder Judicial, en el sentido de que a una empresa británica la obligaron a marcharse del país por no pagar sobornos. Nunca ha identificado públicamente dicha empresa. Pero el LISTÍN DIARIO recordó, en una de sus crónicas, que la compañía inglesa Biwater había tenido un problema que se dilucidó en los tribunales, y que una vez cerrado el caso se retiró del país.

Castillo se interesó por este caso y en su carta deja ver su queja porque “durante la prolongada entrevista que sostuviera con los importantes funcionarios ingleses, un día antes de la denuncia, no se me dijera nada relativo a la inconformidad” que tenían con la forma en que el caso tuvo su desenlace. “Así las cosas”, dice el doctor Vincho Castillo, “tomé la iniciativa de apersonarme al despacho del director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (INAPA), en mi condición de presidente de la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción, procurando saber si la denuncia en cuestión se refería a la compañía inglesa Biwater International, que había construido importantes obras de aumento de la capacidad de los acueductos de La Romana, San Cristóbal y San Francisco de Macorís”.

El director de INAPA le dio al doctor Castillo una “extensa y meticulosa explicación” del historial de esa compañía en el país y sus relaciones con el Estado. Esos datos, según Castillo, “podrían servir para el esclarecimiento de esta enojosa y sensible situación”, y de ahí que le remitiera un legajo de documentos al licenciado Hotoniel Bonilla para que se ocupe, con sus investigadores, de sacar todo a la luz.

SENTENCIA DE LA SCJ, DE DÓNDE Y POR QUÉ...
Vincho dijo que, con esos documentos, ha podido “asumir, en principio, convicciones muy graves acerca de las reales implicaciones del conflictivo caso”, y considera que se está en presencia de “una cuestión delicada, de características internacionales, que reviste un significativo interés para el Estado nuestro”.

El presidente de la Comisión Nacional de Ética dice que “el tráfico de influencias está considerado y sancionado en nuestra Constitución, así como en nuestra legislación penal y en las convenciones contra la corrupción, tanto de las Naciones Unidas como la Interamericana”. 

Cree que “la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que puso fin al litigio y convirtió la demanda en cobro de 9 millones de dólares en un título definitivo e irrevocable, es uno de los manantiales de información que puede resultar más conducente en cuanto a determinar de dónde, y por qué, pudieron surgir las exigencias de dinero a una entidad que estaba en justicia como demandada, contra la cual se trabaron embargos que le impidieron hacerse cargo de los nuevos contratos” de obras que le había otorgado el Estado por el orden de los 23 millones de dólares.