El coordinador general de Adocco, Julio César de la Rosa, dijo en la emisora radial Z101 que el Gobierno, a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), firmó un contrato con la empresa Dicocisa para la construcción del recinto académico, en el 2005, con fondos consignados en el presupuesto nacional.
En el 2007, el Consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Noel firmó con la referida empresa un contrato para la terminación del edificio administrativo y otras obras, comprometiéndose al pago de 140 millones de pesos en varias partidas, provenientes de los fondos que recibe la provincia por concepto del 5 % de los beneficios netos generados por la explotación minera en la zona a cargo de la Falconbdrige Dominicana.
Según Adocco, el 25 de octubre de 2007, el Consejo entregó la primera partida de 70 millones de pesos, mediante la cuenta de la entidad en el Banco de Reservas, al presidente de Dicocisa, Alberto Alcibíades Holguín Cruz. El 12 de febrero de 2008, la institución otorgó a la citada empresa 70 millones de pesos, en manos del ingeniero Franklin Mena.
Sin embargo, a solicitud de la directora del CURCE-UASD, Leida Pérez, sobre los aportes recibidos por la Oisoe del Consejo de 140 millones de pesos para retomar los trabajos de la academia, el entonces director de la institución del Estado, Luis Sifres, respondió que en ninguno de los archivos contables figuran partidas que involucren aporte de dinero a esa entidad, por ningún organismo estatal externo ni privado.
Adocco responsabilizó a los directivos del Consejo para el Desarrollo de la provincia Monseñor Nouel Bonao, Diego Polo Martínez, Valentín De Jesús Marte, Néstor Francisco Melenciano y San Agustín Jiménez; así como a Alberto Alcibíades Holguín Cruz y Franklin Mena, ambos de Dicocisa, de la "desaparición" de los 140 millones de pesos entregados y recibidos sin justificar en que áreas de la edificación fueron invertidos.
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