SANTO DOMINGO. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Frank Soto Sánchez, rechazó declararse incompetente y declinar el conocimiento de la solicitud de desbloqueo de una serie de bienes inmuebles, propiedad de la empresa Inmobiliaria Rofi, cuyo accionista principal es el senador Félix Bautista.
El magistrado decidió continuar ventilando el proceso hoy, a las 9:00 a.m.
Asimismo, consideró que el hecho de que se presentara la acusación en contra del secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como alega el Ministerio Público, “no es motivo para que el hoy peticionario, que se siente agraviado de un derecho fundamental no acuda ante los órganos proteccionales a que se le tutele ese derecho fundamental, independientemente de la acusación presentada, y algún otro juez que esté apoderado”.
Deja establecido que en el caso de la especie, lo que se trata es de una presunta vulneración a un derecho fundamental del cual fue apoderado previo a la designación del juez de la Instrucción Especial, Alejandro Moscoso Segarra, para conocer de una acusación formal.
“Situación ésta que no se podía esperar que el juez de la Instrucción Especial para conocer de la acusación, esté en condiciones de decidir sobre la presunta violación al derecho fundamental de que fuimos apoderados”.
Considera que si se desapodera del proceso estaría, en caso de ser cierto, prorrogando una vulneración a un derecho fundamental.
El juez excluyó del caso a la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCO), la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), y el Movimiento Ciudadanos y Ciudadanas contra la Corrupción (C3), a cuyos abogados ordenó abandonar el estrado.
El juez adoptó la decisión, luego de escuchar los planteamientos del Ministerio Público, la defensa y los actores civiles.
Consideró que si bien la Constitución y el Código Procesal Penal le atribuyen calidad a la sociedad para participar en la administración de justicia y la vigilancia en el uso de los fondos públicos, “no menos cierto es que establece las formas en que debe hacerlo y en momentos procesales en que debe participar”.
La Procuraduría General de la República, representada por Carlos Castillo Díaz, Pelagio Alcántara, Narciso Escaño y Wagner Cubilete, solicitó que, en virtud de que el juez Alejandro Moscoso Segarra está apoderado de una solicitud de apertura a juicio, el proceso ha entrado a la fase intermedia por lo que el conocimiento del levantamiento de las notas de advertencia a los bienes inmuebles del legislador debe conocerlo ese magistrado.
El Ministerio Público planteó que la etapa preparatoria concluyó con la presentación de la acusación, por lo que el juez ya no podía seguir conociendo la instancia de que está apoderado. Entiende que se trata de una etapa precluida del proceso y presentó como fundamento copia de la acusación en contra de Bautista.
De su lado, la defensa del legislador, integrada por los abogados Juan Antonio Delgado, Ramón Emilio Núñez y Pedro Balbuena, pidió mantener su competencia para conocer el caso, en vista de que se trata de la vulneración a derechos fundamentales, y frente a lo cual puede actuar como juez de amparo.
Pidió la exclusión por falta de calidad de ADOCO, CONA y C3 en vista de que no forman parte del proceso. El proceso duró más de ocho horas de debates y deliberaciones.
El recurso de oposición
La Procuraduría General de la República y C3 interpusieron un recurso de oposición en contra de la decisión del magistrado.
La representación del Ministerio Público reforzó su criterio de que el expediente de Bautista entró a la fase intermedia y existe una acusación formal, por lo que el tema es de la competencia del juez apoderado de la audiencia preliminar. Mientras que C3 dijo que había interpuesto su querella, por lo que no debía ser excluido.
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