SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El ex director de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) Hotoniel Bonilla, calificó de “gran fraude procesal” la acusación presentada por el Procurador General de la República contra el senador Félix Bautista.
“Luego de un análisis minucioso de los hechos contenidos en la acusación presentada por el Procurador General de la República contra el senador Félix Bautista y compartes, he llegado a la conclusión de que se trata de un gran fraude procesal”, expresó este miércoles Hotoniel Bonilla.
Aseguró que esta convicción radica “en el pleno conocimiento que tengo sobre los hechos relacionados con la investigación, además, porque de permanecer indiferente ante la actitud del Procurador estaría dando por sentado que la decisión emitida por nosotros en su momento, refrendada en casi toda su extensión por distintos jueces de la República, no tiene validez”.
“Reto al Procurador a que personalmente asuma ante la Suprema Corte de Justicia la defensa de su acusación, y demuestre lo contrario a lo que estoy afirmando, porque si así resultara entonces tendría que accionar contra todo el que ha intervenido en el proceso, esto es: la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, el CODIA, contra mí, y de paso contra los jueces que han ratificado el auto de archivo definitivo que emitimos”, enfatizó Bonilla.
El fundamento de lo que afirma Hotoniel Bonilla está basado en los siguientes elementos:
1) Principales empresas y personas naturales comunes a ambos procesos.
Los ciudadanos sindicados por el Procurador en su acusación son los siguientes: Felix Bautista, José Elías Hernández, Bolívar Antonio Ventura, Soraida Antonia Abreu Martinez, Gricel Araceli Soler Pimentel, Carlos Manuel Ozoria Martínez, Bienvenido Apolinar Bretón.
Las sociedades comerciales a que alude la acusación como alegadamente partícipes en el presunto conjunto de empresas para la comisión de los hechos se encuentran, Construcciones y Diseños RMN, S.A., Comunicaciones Colorín, S.A., Constructora Infepre, S.A., Hormigones del Caribe, S.A., Inmobiliaria Hemisférico, S.A, Constructora Hadom, S.A., Diseños de Obras Civiles y Electromecánicas, LTD, Inmobiliaria Rofi, Constructora Rofi, entre otras. Todas ellas formaron parte de la investigación que realizamos en el año 2012.
Los hechos contenidos en las denuncias que originaron la investigación que culminó con el auto de archivo 03093, de fecha 13 de agosto de 2012, son exactamente los mismos que ahora se utilizan para presentar la acusación.
La investigación que realizáramos abarca tres grandes bloques de hechos acaecidos durante el período comprendido entre agosto de 2004 y el año 2012. Los elementos esenciales que comprenden son los siguientes:
- Los hechos relacionados con la contratación y ejecución de obras de infraestructura, mientras el ingeniero Bautista se desempeñó como director de la OISOE (agosto 2004 – agosto 2010).
- En ese mismo período, la ejecución de los proyectos relacionados con el contrato de la empresa The Sun Land (año 2007 y siguientes).
- La contratación y ejecución de obras en Haití (año 2010 en adelante).
En cuanto a los dos últimos hechos precedentemente señalados, esto es Sun Land y Haití, la investigación que realizáramos culminó con un dictamen de archivo definitivo. En torno a lo relacionado con las obras ejecutadas por la OISOE, el dictamen de archivo que emitiéramos fue provisional, sujeto a que fueran entregados sendos informes de la Cámara de Cuentas y el CODIA.
2) En torno a los hechos relacionados con la empresa The Sun Land Corporation, RD.
El proceso investigativo en torno a Sun Land fue iniciado a raíz de la denuncia presentada en el mes de marzo de 2012 por el “Comando de campaña del candidato presidencial del PRD”. En torno a estos hechos fueron desplegadas todas las investigaciones necesarias, entre las que se destacan la obtención de la documentación oficial de ese proceso, informaciones bancarias, cuentas y productos financieros relativos a dicha operación, etc., llegando a la conclusión que de la totalidad de recursos inicialmente contratados (US$130.0 millones) solo se ejecutó una proporción (US$67.0 millones), suma esta que fue manejada en RD por la sociedad Consorcio Hemisferio Imperial, puesto que el contrato fue resuelto entre las partes, es decir, dejado sin efecto lo que fue refrendado por sentencia de la SCJ. Los recursos que ingresaron se destinaron a las obras contratadas.
En mérito de todo lo anterior fue dictado el auto de archivo definitivo sobre esas operaciones. Dicho auto de archivo fue notificado al PRD en agosto de 2004, el cual no fue objetado en los plazos de ley, por consiguiente alcanzó la autoridad de la cosa irrevocablemente investigada y decidida. En torno a este aspecto también el Procurador intentó obtener la revocación mediante la instancia dirigida el 27/9/2012 a la SCJ, solicitud que fue desestimada.
No obstante, el Procurador ha incorporado a la acusación todas las operaciones bancarias, cuentas y la totalidad de los preindicados recursos provenientes de Sun Land, por tanto estamos en presencia de una doble persecución. Estas imputaciones deberán ser rechazadas.
- Ejecución de obras en Haití por parte de empresas dominicanas, entre las que se destacan las del Senador Bautista y de otros de los implicados en el proceso.
En el aspecto penal, la República Dominicana solo era competente para investigar y determinar si el senador Bautista o cualquiera de los ejecutivos de las empresas dominicanas que participaron en los concursos de adjudicación de obras en Haití incurrieron en el delito de soborno transnacional previsto en la Ley 448-06. En efecto, este hecho fue investigado durante el año 2012, determinándose que el alegado soborno al presidente haitiano nunca ocurrió; que las denuncias y querellas promovidas por este hecho carecían de fundamento, pues las mismas estuvieron fundadas en documentos alterados. Por tanto, mediante el auto en cuestión fue dictaminado el archivo definitivo de esos hechos.
Dicho dictamen fue objetado por los querellantes, C3, ante la SCJ. Además, mediante la instancia del 27/9/2012 ya citada el Procurador solicitó la revocación total del citado archivo. Sobre el particular, la Juez Esther E. Angelan Casasnovas rechazó la objeción y confirmó en todas sus partes el auto de archivo definitivo. Al mismo tiempo, desestimó la instancia del Procurador bajo el argumento siguiente: “resulta cuestionable e injustificable el cambio de postura realizado por el Procurador General de la República al solicitar la revocación de “todas” las investigaciones contenidas en dicho dictamen, sin discriminar ni fundamentar este cambio en sus conclusiones; que en el caso de la especie habiendo realizado el Director de la DPCA un sinnúmero de diligencias investigativas, no se justifica atender este pedimento (…)”.
Esta sentencia fue recurrida por ante la Sala de lo Penal de la SCJ, presidida por la magistrada Mirian Germán Brito, la cual confirmó la decisión y ratificó el dictamen de archivo definitivo.
Así, los hechos vinculados al supuesto soborno al presidente haitiano, único elemento por el que tiene competencia la RD, ha sido desestimado en todas las instancias, por consiguiente las operaciones relacionadas con los fondos provenientes de las obras en Haití no pueden ser incorporadas nuevamente a la acusación. Es decir, todas las operaciones en dólares y otras cuentas en pesos dominicanos efectuadas durante los años 2010, 2011 y 2012, que envuelven las sumas más astronómicas que figuran en la acusación deben ser desechadas.
3. Período de gestión en la OISOE, comprendido entre agosto de 2004 hasta agosto de 2010, durante el cual se habría cometido el alegado desfalco.
La acusación sostiene como hechos que alegadamente caracterizan los delitos de desfalco la contratación de unas 15 obras de infraestructura, las cuales totalizan aproximadamente RD$5,150.0 millones de pesos, sin indicar la auditoría, informes especializados u otro peritaje en que se basa para arribar a la conclusión de desfalco. Tampoco señala el perjuicio concreto ocasionado al Estado dominicano, puesto que en el capítulo destinado en la acusación a identificar el daño, no menciona ni un solo centavo.
Ahora bien, lo cierto es que las operaciones sobre contratación de ciertas obras habían sido objeto de investigación en el año 2012, dictaminándose el archivo provisional hasta tanto fueran remitidos los informes de la Cámara de Cuentas y el CODIA. Estos informes habrían sido entregados al Procurador; sin embargo, no son incluidos en la acusación, presumo porque no revelan ninguna ilicitud en la ejecución de las obras, tal y como afirmara la presidente de la CC quien públicamente señaló que no había encontrado indicios de responsabilidad penal. En cuanto al CODIA, estableció que las obras se ejecutaron conforme a las normativas aplicables a la materia, que los precios de cubicación son acordes al mercado y las obras habían sido entregadas con conformidad al Estado.
Siendo así, se trata de los mismos hechos que fueron indagados en aquel entonces, pero con conclusiones diferentes, lo que constituye una doble persecución.
Por último, en cuanto a las declaraciones juradas presentadas por el senador Bautista, que también forman parte del auto de archivo, el Procurador le reprocha la omisión de determinadas informaciones, entre otras, no haber incluido el patrimonio de su cónyuge, los activos de las empresas, etc. Sin embargo, esas exigencias no estaban contempladas en la Ley 82-79, sino que han sido incorporadas en la nueva Ley 311-14, la cual no es aplicable en la especie por haber sido promulgada con posterioridad a los hechos.
Asimismo, al quedar descartados los hechos que originan el alegado enriquecimiento ilícito y el lavado de activos automáticamente quedan eliminados como supuestos penales. En adición a esto, no existía normativa alguna que tipifique esas infracciones en forma aislada sin que estén acompañadas de otras infracciones graves.
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