El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), dijo este miércoles que llama la atención el hecho de que en los casos contra el senador Félix Bautista y el alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Grullón, el sistema de justicia haya operado para impedir que los imputados respondan a acusaciones en un juicio de fondo.
Servio Tulio Castaños Guzmán deploró que, en un aparente marco de legalidad y de respeto del debido proceso en ambos casos, se frustrara una nueva oportunidad para que funcionarios públicos y dirigentes políticos, respondan de hechos que se le imputan.
“El viernes 27 de marzo pasado la sociedad dominicana conoció dos resoluciones judiciales que han generado una gran preocupación en importantes sectores sociales, académicos, medios de comunicación y de la comunidad jurídica. Se trata de la resolución 544-2015, mediante la cual se dictó una decisión de “No ha lugar” a favor de Félix Bautista y compartes, acusados por la Procuraduría General de la República de corrupción administrativa y lavado de activos. Ese mismo día fue beneficiado con otra resolución similar el alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Grullón, acusado de delitos en el ejercicio de sus funciones”, expresó.
Castaños Guzmán indicó que como se ha señalado repetidamente desde diferentes sectores, la Suprema Corte de Justicia debe garantizar la credibilidad y la imparcialidad de sus decisiones y que sus actos se adopten no solo en un marco de legalidad y que estén revestidas de legitimidad, sino que además contribuyan a mejorar la crisis de confianza que indican numerosas encuestas y estudios recientes.
“Desde el mismo inicio del proceso que llevó a la resolución 544-2015, y contrario a lo que se esperaba, la Suprema Corte decidió poner a la cabeza del mismo, como juez de la Instrucción Especial, a una persona que se ha señalado con claros vínculos históricos y afectivos con el principal imputado, cuando lo más recomendable era que dicho proceso lo dirigiera un juez de carrera”, resaltó.
El vicepresidente ejecutivo de la Finjus dijo que lamentablemente las decisiones adoptadas vienen a fortalecer la percepción ciudadana de que tanto la independencia interna como externa del Poder Judicial está más comprometida ahora que en el pasado y que las aprehensiones legítimas que se manifestaron por la cercanía de muchos de los magistrados electos en diciembre de 2011 en las Altas Cortes con el Poder Político, desembocarían en decisiones que profundizarían el imperio de la impunidad en el sistema de justicia nacional.
“En lo que tiene que ver con la resolución 544-2015, que libra al senador Félix Bautista y compartes de ser juzgados por un tribunal de la República en un juicio oral, público y contradictorio, la sana crítica dará cuenta de la calidad de dicha sentencia”, agregó.
Castaños Guzmán añadió que “preocupa que el Juzgado de la Instrucción Especial haya extendido y reconocido hasta límites sin precedentes una serie de garantías a favor de los imputados, arguyendo razones de protección de la privacidad, intimidad y presunción de inocencia, mientras desconoce disposiciones legales contenidas en la Ley especial de Lavado y otras similares”.
La Finjus exhortó al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, a que, al amparo de sus facultades legales, proceda a apelar estas decisiones de forma que los órganos judiciales competentes tengan una nueva oportunidad de cumplir con su misión de servir justicia, sin temor, sin favoritismos y sin la presión de los intereses políticos partidarios.
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