El gobierno de Haití anunció ayer que instalará dos centros en la frontera con República Dominicana para recibir a los haitianos que viven de manera irregular en este país y que serán deportados cuando venza el plazo del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que ejecuta el gobierno dominicano.
El ministro de Comunicación, Rotchild François Jr., dijo en una rueda de prensa que los centros de hospedaje estarán ubicados en las localidades de Juana Méndez y Malpasse, considerados puntos estratégicos para el tránsito de inmigrantes entre ambos países.
El gobierno dominicano ha insistido en las últimas semanas que deportará a los indocumentados que residan en este país y que no se hayan acogido al plan de regularización que vence el próximo 17 de junio.
François también dijo ayer en Puerto Príncipe que alrededor de 60,000 pasaportes ya están disponibles para ser entregados a la Oficina de Inmigración, que debe cubrir parte de la demanda del documento por parte de inmigrantes haitianos indocumentados que lo requieren en República Dominicana para poder acogerse al programa de regularización.
Haití llevó a cabo la se- mana pasada su primera reunión multisectorial convocada por el Ministerio de Asuntos de Haitianos Residentes en el Extranjero (MHAVE en francés), para fijar un plan de contingencia y permitir deportaciones coordinadas y en condiciones humanas de los repatriados, según destacó la prensa local.
Las autoridades haitianas desarrollan actualmente un Programa de Identificación de Inmigrantes de Haití (PIDIH) desde julio del año pasado, con el fin de proporcionar documentos (certificado de nacimiento, carné de identidad, pasaporte) a descendientes de haitianos que viven ilegalmente en República Dominicana.
Pero el nuevo embajador de Haití en República Dominicana, Daniel Supplice, dijo a principios de este mes que estaba seguro del fracaso del PIDIH, proceso que empeoró por la escasez de libretas de pasaportes en el Servicio de Inmigración, la ineficacia de las estrategias de comunicación y el hecho de “que la gente (los inmigrantes indocumentados) no iba a aparecer”.
“El programa fue mal estructurado”, dijo Supplice.
Debido a presiones de inmigrantes haitianos y a fallas en su aplicación, el gobierno de Haití quitó el manejo del plan al MHAVE y lo pasó a la Cancillería de su país, redujo el costo de la dotación del documento de identidad de 2,500 a 1,000, y abrió el mes pasado dos oficinas en Santiago y Barahona para reforzar la que funciona en Santo Domingo.
Haití se había fijado la meta de identificar a 200,000 personas, pero según Supplice sólo 52.000 haitianos indocumentados que viven en República Dominicana figuran en la actualidad inscritos en el programa, de los que apenas 2,000 han recibido su pasaporte y otros 15,000 su tarjeta de identificación nacional.
El canciller Andrés Navarro dijo esta semana que el país no realizará “deportaciones masivas” tras concluir el plazo del plan de regularización de extranjeros, y señaló que las preocupaciones con respecto a ese asunto “son infundadas”.
Navarro reiteró que el proceso se realizará sin violar los derechos humanos y lamentó que pese a una prórroga de dieciocho meses, el gobierno del vecino Haití no logró entregar la documentación necesaria a sus compatriotas radicados en República Dominicana.
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